El Gobierno tiene previsto en menos de tres meses sacar adelante distintas medidas fiscales que en la práctica supondrán una subida de impuestos al margen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que permitirán a España seguir acortando la brecha de presión fiscal -lo que representan los ingresos tributarios sobre el PIB- con la Unión Europea.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 este diferencial se ha ido recortando a medida que el Ejecutivo aprobaba subidas fiscales: era de 5,7 puntos en ese ejercicio y fue reduciéndose hasta los 2,7 puntos en 2022. Este mismo miércoles, el presidente anunció que el margen actual que tiene España para acomodar su presión fiscal a la europea es de 4 puntos, lo que supone que el país habría vuelto a coger distancia con la UE tras la revisión al alza del Producto Interior Bruto (PIB) que ha llevado a cabo el INE.
Dado que la presión fiscal es el resultado de comparar la recaudación impositiva con el PIB, si este sube el ratio baja, de ahí que España podría tener ahora de nuevo más margen para acercarse a la UE. Fuentes de Hacienda señalan, sin embargo, que habrá que esperar a conocer los datos de 2023 de Eurostat, ya que en otros países también se han producido revisiones al alza del PIB, con lo que la presión fiscal europea también podría haber bajado.
En cualquier caso, el margen de 4 puntos al que ha hecho referencia el presidente supondría una capacidad de incrementar la recaudación sobre PIB en unos 60.000 millones de euros adicionales.
Sánchez ya anunció en su discurso de comienzo de curso su intención de subir los impuestos y este miércoles lo reconfirmó en el Congreso. Para ello, ya trabaja en medidas que quiere que vean la luz antes de 2025, independientemente de que consiga o no amarrar los apoyos para unas nuevas cuentas.
Entre ellas figura el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para multinacionales, recogido en una directiva europea que el Gobierno debería haber traspuesto antes de que acabara 2023. En 2022, el Gobierno ya aprobó un tipo mínimo equivalente que se aplicaba a la base imponible, pero dado que la norma comunitaria exige que se aplique al resultado neto contable ajustado, es necesario aprobar medidas complementarias. En julio de este año el Consejo de Ministros ya aprobó la norma, pero ahora está pendiente de tramitación parlamentaria y no se descarta que se utilice para intentar aprobar otros asuntos fiscales. Como ya ha contado EL MUNDO, las petroleras ya están maniobrando para que el texto normativo incluya una reforma del IVA en la venta de combustibles.
El Ejecutivo necesita también reconvertir los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas en impuestos permanentes, algo que no puede hacerse en el marco de los PGE. Para ello, eso sí, el Gobierno necesita los apoyos de sus socios -incluidos Junts y el PNV, que podrían ser más sensibles a las quejas de las empresas-.
El sector energético ha sido más beligerante -Repsol, por ejemplo, ya advirtió de que la inestabilidad fiscal en el país "podría condicionar" sus proyectos en España- y, aunque desde la banca también ha habido quejas, sus beneficios récord coincidiendo con la subida de los tipos de interés alimentan el argumentario del Gobierno en defensa de estas figuras fiscales. En dos semanas las principales entidades del país empezarán a presentar sus resultados hasta el tercer trimestre y es previsible que el Ejecutivo los aproveche para retomar la consolidación de estos tributos.
Todo esto servirá para que el Gobierno acredite ante la Comisión Europea una lista de medidas fiscales que ha ido aprobando en los últimos años y que constituyen la reforma necesaria para poder optar al quinto desembolso de los fondos europeos que se tenía que haber pedido antes de que acabara 2023. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya adelantó en junio que las medidas aprobadas hasta esa fecha serían suficientes para acreditar ese hito cumplido, pero si ahora se añaden estas medidas tendrán más material que presentar a la Comisión.