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El Gobierno ha enviado este martes a Bruselas su Plan Fiscal Estructural, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, en el que se compromete a que el gasto público crezca en promedio un 3,4% en los próximos cuatro años y un 3% anual de 2025 a 2031 (es decir, habrá más margen en esta legislatura que en la próxima), lo que implica que cada año el gasto tendrá que crecer un poco menos aunque seguirá aumentando. El gasto sólo podrá crecer por encima de esos niveles si el Gobierno aprueba medidas de ingresos estructurales, es decir, subidas de impuestos permanentes.
Según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al término de la reunión del Consejo de Ministros, "el crecimiento de la regla de gasto nos permite gastar 6.000 millones más al año con respecto al promedio del gasto que existió entre 2014 y 2018", es decir, durante el último gobierno del PP de Mariano Rajoy, en que el aumento del gasto fue en promedio del 2,5%.
En concreto, el gasto primario neto (en el que no se computan algunos componentes) crecerá un 3,7% el próximo año; un 3,5% en 2026; un 3,2% en 2027; un 3% en 2028 y 2029; un 2,5% en 2030 y un 2,4% en 2031. Este gasto excluye las medidas discrecionales relativas a los ingresos (es decir, decisiones puntuales para incrementar los impuestos que no sean estructurales), los gastos en concepto de intereses de la deuda, el gasto cíclico en desempleo, el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la UE y el gasto en programas de la UE compensado íntegramente con ingresos procedentes de los fondos de la UE.
Aunque el Gobierno asegura a Bruselas que cumplirá con esa pauta, no especifica cómo lo hará. De hecho, el ministro ha matizado que aunque el plan es a cuatro años vista, irá acompañado anualmente de un plan presupuestario en el que se indicará con qué medidas se lograrán los objetivos. En esta ocasión, dado que el Gobierno todavía no ha llevado al Parlamento su plan de presupuestos ni ha intentado aprobarlo, no ha podido enviar ese documento adjunto a la Comisión.
Aún así, ha asegurado que el plan no concibe ningún tipo de ajuste: "No hablamos de recortes. Los ajustes dependen de cuál sea tu crecimiento hacia delante, cuanto mayor sea tu crecimiento más capacidad de gasto vas a tener. La brecha entre lo que crezcan ingresos y gastos es lo que va a permitir ir reduciéndo el déficit estructural".
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había calculado, no obstante, que este Plan requeriría un ajuste estructural del 0,43% del PIB al año, en un horizonte de 7 años, o de 0,63% si se acomete en cuatro años. Esto supondría 6.000 millones de ajuste anual en el primer caso y 9.000, en el segundo.
Cumplir con este plan permitirá que el Ejecutivo cumpla con los compromisos de déficit y deuda, asegura Moncloa. El déficit público bajaría al 3% este año, 2,5% el próximo año, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027, lo que supone un esfuerzo del 3,4% en los próximos cuatro años. "Esto se traduce en una correción de la deuda pública, que bajará del 100% en torno a 2026. Para final de la legislatura, en torno a 2027, estaremos en niveles del 98,4%", ha dicho Cuerpo. El ministro ha explicado que Bruselas mira las previsiones de crecimiento de cada país, la evolución prevista de sus ingresos tributarios y, a partir de ahí, calcula cuánto debe crecer el gasto para que la deuda no aumente.
No obstante, ir desacelerando el gasto en los próximos años, cuando está previsto que la Seguridad Social tenga que hacer frente a un gasto creciente en pensiones públicas, supondrá un reto. Cuerpo ha tranquilizado en este sentido, al señalar que este es el esfuerzo que tiene que hacer España incluyendo el impacto del envejecimiento y el impacto de la última reforma de las pensiones, pero esto implica que o en el resto de partidas el gasto crece mucho menos o se articulan medidas para tener más recursos.
Plan de reformas
El Plan Fiscal irá acompañado también de un plan de reformas, entre las que figuran "la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030; la reforma del sistema de extranjería y la simplificación del sistema de homologación de títulos y la mejora de la eficiencia del gasto público o lucha contra el fraude fiscal, implementación recomendaciones spending reviews, reforma fiscal". Presentar un plan de reformas permitirá que la consolidación fiscal se haga en siete y no en cuatro años.
Pese a ese detalle genérico, el ministro no ha querido dar detalle de qué se activará concretamente. "Es un compromiso de, en los dos próximos años, revisar todos los informes que ya se han realizado y contestar en función del principio de cumplir o explicar: o cumplo con la recomendación de la AIReF o explico por qué me desvío y no lo hago".
Lo único que ha adelantado Cuerpo es que, como había contado este medio, el Gobierno acreditará como parte de la reforma fiscal que tiene que llevar a cabo para poder solicitar el quinto pago de los fondos europeos la extensión y permanencia de los impuestos extraordinarios sobre las energéticas y la banca. "Estamos en conversaciones para dar detalle a la Comisión de las medidas que están pendientes", ha admitido.
Un plan sin acuerdo
Pese a la Comisión había instado a todos los países a elaborar este Plan con acuerdo, el Gobierno no ha negociado ni con el resto de fuerzas políticas ni con otras administraciones -como las comunidades y corporaciones locales-, a pesar de que el Plan es de obligado cumplimiento y obligará a todos los gestores de la Administración y tanto a este Gobierno como al siguiente.
La Comisión ha precisado que el próximo ejecutivo tendrá margen para modificar las medidas que se implementan para lograr los objetivos, pero que estos últimos son inamovibles una vez que se han pactado con Bruselas.