Nuno Melo (Joane, Portugal 1966) es el presidente del Centro Democrático-Social-Partido Popular de Portugal y concurrirá a las elecciones en su país del próximo año, pero antes el Partido Popular Europeo le ha confiado una misión. Es el eurodiputado ponente responsable de negociar, en nombre del primer partido de la Eurocámara, la inclusión de un artículo clave en el proyecto de directiva europea contra la corrupción que se está tramitando. Es el que prohibiría la amnistía en España y en cualquier otro Estado miembro para delitos de malversación. ERC y Junts han arrancado al PSOE borrarlos al afectar a los bolsillos de sus líderes.Trabaja en coordinación con el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos y con el pleno respaldo del presidente del partido, Manfred Weber, promotores ambos de la enmienda a la directiva en contra de la medida de gracia.
- ¿Qué pretende hacer el Partido Popular Europeo respecto a la amnistía en la nueva directiva anticorrupción de la UE?
- En primer lugar, defender el Estado de Derecho y los valores fundamentales de los regímenes democráticos. La justicia no es un negocio, ni puede ser manipulada en función de los intereses personales o partidistas de nadie. Por eso vamos a intentar que la directiva prohíba esta amnistía en España, que indulta incluso delitos de malversación, así como prohibir medidas de gracia de este tipo en todos los Estados miembros. Si se aprueba la directiva con nuestra enmienda que prohíbe la amnistía, el Gobierno tendrá entonces que transponerla a la legislación española y, si se niega, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción e incurrir en responsabilidad ante el Tribunal de la UE.
- ¿En qué base legal fundamenta prohibir amnistías?
- Hay que enviar un mensaje de cero impunidad a quienes cometen las diversas infracciones que esta directiva busca armonizar. La fundamentación de esta modificación tiene en cuenta la posición que la Comisión Europea envió en mayo de 2019, a través de su entonces vicepresidente Frans Timmermans, a las autoridades rumanas respecto a una reforma legal que tuvo como efecto la exoneración de un grupo de funcionarios públicos responsables de delitos de corrupción. En esa carta, la Comisión Europea denunció el riesgo de permitir una situación de impunidad de facto para los delitos, incluida la corrupción, y recordó que todos los Estados miembros tienen la obligación de asegurar que su sistema de justicia penal sea eficaz en la lucha contra la delincuencia grave.
- El Gobierno español alega que también hay una amnistía similar en Portugal o en Francia...
- Es mentira. No es comparable. La ley de amnistía de 2023 de Portugal y la ley de amnistía de 2022 de Francia excluyeron expresamente los delitos de corrupción que la amnistía española quiere borrar. La medida del Gobierno español queda, por tanto, muy por debajo de los estándares de la Unión Europea, que recuerdo que son imperativos en el momento de la adhesión de todos los Estados miembros. La amnistía española cubre precisamente los delitos excluidos en la amnistía portuguesa: terrorismo, el mal uso del dinero público y los ataques al Estado de Derecho. El deterioro de la democracia española deteriora la democracia de la Unión Europea y hay enorme preocupación.
- ¿En qué consistió la amnistía portuguesa?
- Es ridículo compararla. La amnistía en el caso portugués no se concedió a cambio de ningún beneficio para los que la decidieron. Sólo se concedió a jóvenes condenados por delitos menores para que pudieran acudir a la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud. En el caso español, la justicia es la moneda de cambio para obtener el poder. Esto es ofensivo, una aberración democrática y una flagrante violación del Estado de Derecho.
- La amnistía española excluye malversación de fondos europeos. ¿No le parece suficiente esta protección al dinero público europeo o también cree que la UE debe proteger el dinero público español?
- Lo que está en juego es el cumplimiento del Estado de Derecho, uno de los valores fundamentales de la UE, consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Recuerdo las quejas del Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones en España, o incluso de Felipe González, quien afirmó que «la amnistía destruye la sociedad» y «puede destruir la Constitución». Ningún europeo comprenderá que la Comisión aplique dos varas de medir, en comparación con sus repetidas declaraciones sobre Polonia y Hungría. Lo que está sucediendo en España es de la mayor gravedad. E incluso, teniendo España actualmente la presidencia del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez no ha comparecido ni una sola vez en Bruselas o Estrasburgo para explicar lo que pretende para la Unión Europea, en uno de los momentos más difíciles y sensibles de nuestra historia común con la guerra de Ucrania etc. Esta ausencia es gravísima y una negligencia.
- Otro aspecto de la directiva es que establece una pena máxima de al menos cinco años de cárcel en todos los países por delitos de malversación.
- Somos partidarios de aumentar esta pena a seis años como mínimo.
- Pero el Gobierno español ha rebajado la pena a un máximo de cuatro años, tras un acuerdo con los independentistas...
- Una vez más Sánchez instrumentaliza la justicia con fines partidistas. En cualquier caso, me parece un nivel bajo para lo que estamos hablando en el Parlamento Europeo.
- ¿Está teniendo impacto político en la Eurocámara la amnistía?
- Sí, porque nos han dicho durante años los dirigentes españoles que Carles Puigdemont era un delincuente y un prófugo y una gran mayoría del Parlamento Europeo apoyamos a España con un gran consenso, pero ahora el Gobierno español dice que nos olvidemos, que no pasó nada. Es escandaloso.