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Los 10 vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han tratado de incluir un nuevo punto en el pleno que ha celebrado este lunes el máximo órgano de gobierno de los jueces para que se abordara "la defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del poder ejecutivo".
Sin nombrarlo explícitamente, los firmantes de la propuesta censuran que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara al Tribunal Supremo de "extralimitarse" en la interpretación de la Ley de Amnistía, al negarse a aplicar la medida de gracia al delito de malversación que pesa sobre Carles Puigdemont por la organización de la consulta ilegal del 1-O, y dijera que "no hay por dónde agarrarla". Asimismo, en una entrevista en RNE, señaló que "hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto", dando por hecho que el Tribunal Constitucional acabará corrigiendo esta decisión. Las palabras de Puente causaron rechazo en ambos tribunales.
La iniciativa ha sido rechazada tras mostrar su oposición varios vocales del sector progresista. La incorporación de un nuevo punto en el orden del día requiere unanimidad de los vocales, que no ha existido. Los dos vocales que han intervenido por parte del bloque progresista han resaltado que estaban ante un pleno excepcional en el que solo se preveía tratar asuntos "de urgencia" improrrogables. Lo que se proponía no entraba en esa categoría. Entre otros motivos, porque el CGPJ no ha recibido ninguna petición de respaldo por parte de magistrados que se sintieran aludidos.
El Pleno ha aprobado 112 acuerdos en relación con asuntos "urgentes e inaplazables", en su mayoría relativos a licencias o permisos, solicitudes de compatibilidad y jubilaciones y prolongaciones en el servicio. No se ha abordado -no estaba previsto- la elección del presidente del Consejo, que sigue pendiente y con posturas alejadas entre los bloques conservador y progresista (cada uno cuenta con 10 integrantes). Los vocales han acordado retomar el Pleno para ese nombramiento la tarde del próximo 2 de septiembre.
"Se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la nación que consideramos exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto", indica el texto presentado al pleno por los vocales conservadores y defendido en el Pleno por el magistrado del Supremo José Antonio Montero.
"Afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando ésta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que 'no hay por donde cogerla', y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que 'lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley' a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos", añaden los 10 vocales.
"Con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia", afirma el sector conservador del CGPJ. "Resultan especialmente graves las referidas manifestaciones no sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el pleno como la comisión permanente de este órgano vienen realizando y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024", prosiguen.
Por ello pretendían que se consensuara una posición expresando el "más firme rechazo" a las palabras de Puente y hacer "un nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general". En este sentido apuntan que "de continuar" produciéndose este tipo de declaraciones "podrían afectar a la previsión contenida en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)", que señala como fundamentales "los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos".