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Pasaban las 20:30 horas de la tarde de ayer cuando el presidente de la Comisión de Hacienda anunció al resto de los diputados presentes en la Sala Cánovas del Congreso que iban a hacer un "receso". "Vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final", dispuso Alejandro Soler Mur, parlamentario por el PSOE. Lo hizo después de haber sometido a referéndum una larga sucesión de enmiendas con las que el Ejecutivo y sus socios intentaban aprobar distintas cláusulas de su plan fiscal por la puerta de atrás, a través del proyecto de ley que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales.
Sin embargo, el mantenimiento de los tributos a la banca y a las grandes energéticas genera posturas enfrentadas entre los partidos que conforman la mayoría de investidura, con lo que al Gobierno no le salían los números para que el dictamen saliera adelante. Y, así, lo que en un inicio iba a ser "un receso de unos minutos" se convirtió en una interrupción de cuatro horas y 10 minutos que retrasó la votación final hasta pasada la medianoche (00:45 del martes). Fue el tiempo que tardó el Ejecutivo en alcanzar un pacto con sus socios para salvar el dictamen.
A su vuelta a la mesa de Presidencia de la Comisión, Soler se disculpó por "el amplio tiempo, más allá del previsto, que ha durado la suspensión". El portavoz del PP Santi Rodríguez Serra solicitó entonces el turno de palabra y verbalizó en la Comisión lo que algunos dirigentes populares ya denunciaban en sus redes sociales: "Una suspensión por unos minutos no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de cuatro horas del conjunto de la Comisión, que es a lo que nos ha sometido la arbitrariedad de esta Presidencia, que está única y exclusivamente al servicio del Gobierno".
La Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados está compuesta por cinco parlamentarios (dos socialistas, dos populares y uno de Sumar), aunque la última palabra la tiene siempre, como presidente, Soler. Licenciado en Derecho, lleva toda la vida dedicado a la política de la mano del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), formación que hoy preside después de que el pasado marzo la ministra Diana Morant le eligiera para el cargo.
El hoy presidente de la Comisión de Hacienda fue concejal en el consistorio de Elche, su ciudad natal, durante 20 años (1995-2015) y llegó a ocupar la alcaldía del municipio alicantino entre 2007 y 2011. Con la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE por segunda vez, en 2017, Alejandro Soler entró a formar parte de la Ejecutiva Federal del partido (ya había sido vocal bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba). En 2019 dio el salto al Congreso, como diputado socialista por Alicante.
De hecho, en las filas del socialismo valenciano se ha visto siempre a Alejandro Soler como uno de los primeros sanchistas en la Comunidad Valenciana. Hasta el punto de que esta etiqueta provocó desde el principio los recelos en los fieles del ex presidente de la Generalitat Ximo Puig, al que Sánchez trató de boicotear en sus inicios. Soler nunca fue un apoyo de Puig en la medida en que siempre lo fue de Sánchez, pero logró mantener el liderazgo del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante a pesar de que el llamado ximismo trató de impulsar una candidatura alternativa.
Su fidelidad a Ferraz y, especialmente al secretario de Organización, Santos Cerdán, hizo que renunciase a pelear por el liderazgo de la federación valenciana con Diana Morant. Soler le cedió el paso cuando constató que la ministra era la apuesta de Ferraz para hacerse con el control del PSPV y apartar a Ximo Puig. Su retirada de la carrera sucesoria, de hecho, obligó al otro aspirante, Carlos Fernández Bielsa, a evitar también forzar unas primarias. Fue compensado con la presidencia del partido, además de que mantiene intacto su feudo en Alicante.
Es en él, en Alejandro Soler, en quien la oposición centra las acusaciones de "secuestro" de la Comisión de Hacienda, pues es él quien decide cuándo se produce un receso y por cuánto tiempo se extiende. "Queremos dejar constancia de la más enérgica protesta por parte de nuestro grupo parlamentario de lo que consideramos una falta de respeto al conjunto de la Comisión, al personal de la Cámara, a los trabajadores y a los medios de comunicación. Todo para mantener la agonía durante unos días de un Gobierno que es absolutamente inviable", denunció el portavoz popular al reanudarse la sesión.
A la intervención del diputado del PP le siguió la de Pilar Vallugera (ERC), que no dudó en hacer explícito que durante el receso de la Comisión se habían producido negociaciones entre el Gobierno y sus socios. "María Jesús Montero [ministra de Hacienda] se ha comprometido a que habrá un Real Decreto que prorrogará el gravamen a las empresas energéticas, y es por este motivo por el que votaremos favorablemente al dictamen", apuntó la diputada, con el fin de justificar el cambio en el sentido de su voto.
Dichas conversaciones entre el Ejecutivo y los partidos de la coalición de investidura, producidas in extremis durante el "secuestro" de la Comisión para evitar que el dictamen decayera, levantaron más críticas en la oposición. Esta vez por boca del diputado de Vox, Juan José Aizcorbe: "Parece ser que, interrumpiéndose una votación de forma irregular, se han producido circunstancias o han aparecido documentos ajenos al debate en sí", manifestó, exigiendo conocer cuáles eran esos "documentos y circunstancias" que habían motivado un cambio en el sentido del voto de algunos partidos. A lo que el presidente de la Comisión respondió que no era necesario comunicarles ninguna información adicional porque lo que se sometía a votación era "el informe de la ponencia, con las transaccionales y las enmiendas tal y como se han votado".
Pero el parlamentario de Vox fue más allá y, sumándose a las acusaciones de "secuestro" de la Comisión antes vertidas por el diputado del PP, Aizcorbe apuntó que el receso de cuatro horas y 10 minutos autorizado por el presidente de la Mesa, Alejandro Soler, había supuesto la vulneración de tres artículos del Reglamento del Congreso: el 78, el 80 y el 81. Los capítulos a los que se refirió el parlamentario regulan el funcionamiento de las votaciones en la Cámara, tanto en el Pleno como en las comisiones.
El artículo 78 recoge que, para adoptar acuerdos, los órganos correspondientes deberán "estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros". Establece también que, en caso de no existir quórum suficiente a la hora de votar, el referéndum se aplazará por "un máximo de dos horas". No es esto lo que sucedió ayer, pues no es que no hubiera quórum, sino que la sesión se interrumpió por decisión de la Presidencia de la Comisión.
El artículo 81 del Reglamento, al que también hizo referencia el diputado de Vox, determina que las votaciones, en ocasiones, pueden tener que realizarse a una hora fija, y que en caso de tener que posponerse se debe precisar la nueva hora acordada. Tampoco fue eso exactamente lo que ocurrió la pasada noche, pues no había una hora concreta fijada para el referéndum.
Es el artículo 80 el que pone más contra las cuerdas a Soler por su decisión de hacer un "receso" en medio de las votaciones. "Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo", precisa el citado capítulo del Reglamento. El diputado socialista interrumpió la sesión entre la votación de las enmiendas y la del dictamen final en su conjunto, autorizando las conversaciones entre parlamentarios y su entrada y salida de la Sala Cánovas. "Reclamamos que se cumpla el reglamento, sin perjuicio de las acciones que nos reservamos", sentenció el portavoz de Vox.