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Como buena parte de los adolescentes, Susana Castany recibió su primer móvil a los 12 años, cuando pasó del colegio al instituto. Esta estudiante de 15 años en el IES Miguel Espinosa de Murcia al principio vio «raro» que se prohibiera el teléfono en su centro educativo pero ahora lo agradece porque, entre otras cosas, su tiempo de uso ha bajado a la mitad. «Estamos más centrados en clase y hablamos más entre nosotros en el recreo, no siento esa ansiedad por mirarlo todo el rato», dice.
Ha pasado un año desde que las CCAA comenzaron a aprobar normativas para expulsar a los móviles de los colegios e institutos. Hasta enero de 2024, cada centro tenía sus propias directrices. Sólo Galicia, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha habían regulado esta cuestión a nivel autonómico. La ministra de Educación, Pilar Alegría, propuso un gran acuerdo estatal y, aunque no se llegó a adoptar un pacto a este nivel, desde entonces todas las CCAA menos La Rioja y el País Vasco han ido poniendo en marcha o actualizando normativas regionales en la misma dirección de restringir el uso e incluso ampliando el veto al patio, al comedor o a las actividades extraescolares. El balance, 12 meses después, es «muy positivo», según la información recabada por EL MUNDO en todas las CCAA.
En Castilla-La Mancha, que actualizó el año pasado una norma de 2014, el 74% de los directores de Secundaria constata que se han reducido las conductas contrarias a la convivencia relacionadas con el uso de móviles, según un cuestionario enviado por la Consejería de Educación a todos los institutos y colegios sostenidos con fondos públicos de la región.
El sondeo, elaborado para este diario y canalizado a través de la Inspección, muestra que el 76% de los directores asegura que ha bajado el estrés del alumnado al no estar pendiente de mirar el teléfono. Casi el 80% ve que ha mejorado la convivencia gracias a esta prohibición. El 95% dice se sentirse satisfecho.
Otro informe elaborado por el Gobierno de Murcia, que en enero de 2024 puso en marcha la prohibición, señala que se han reducido casi un 73% los casos de ciberacoso y que han bajado un 31% las faltas muy graves relacionadas con amenazas, insultos, agresiones o actos violentos entre alumnos, así como los que atentan contra la integridad, intimidad o dignidad de los profesores.
Fuentes de ambas consejerías explican que la restricción ha ido acompañada de otras acciones y programas de resolución de conflictos y de prevención de acoso escolar que han sensibilizado a los estudiantes en un uso «más responsable» de las nuevas tecnologías, una línea de trabajo en la que van a seguir insistiendo.
Los directores han visto que la aprobación de las normas autonómicas ha contribuido a la mejora de la convivencia porque «ya no se trata sólo de una cosa interna del centro, sino que está amparada por el Gobierno autonómico», en palabras de Antonio Coll, director del IES Miguel Espinosa de Murcia, donde, en lo que va de curso, sólo se ha registrado un conflicto por un malentendido de dos alumnas en un grupo de WhatsApp.
«Me parece buena idea porque los jóvenes estamos muy enganchados, es una forma de desconectar durante el tiempo que pasamos en el instituto», opina Rodrigo Salvador, alumno de 15 años compañero de Susana Castany. «He notado la diferencia, porque ya no tengo esa necesidad de sacarlo al salir de clase», añade, a su lado, Iván Giuztizieri, de 13 años.
Asier Zabala, de 17 años, afirma: «Me parece muy buena idea que no se pueda utilizar. En el patio la gente conversa más y juega con la pelota. Yo he visto cosas muy serias, como pasarse de unos a otros la foto de una chica de otro instituto desnuda o hacer stickers para reírse de los profesores. Algunos alumnos hacían mal uso, sacaban fotos sin permiso y faltaban al respeto. Yo me he salido del grupo de clase de WhatsApp porque llegan 100 mensajes al día».
«Los centros nos trasladan que, desde que el móvil no se permite, el clima y la convivencia han mejorado y los jóvenes socialmente se relacionan más entre sí. Nos lo han comentado repetidamente», resumen en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que también aprobó su normativa en enero del año pasado. Lo constata Mercè Palau, directora del instituto Miquel Martí i Pol de Roda de Ter (Barcelona), que cuenta que «los expedientes disciplinarios por ciberacoso han pasado de los tres o cuatro que había otros años a ninguno este curso, mientas que las incidencias relacionadas con el mal uso del móvil se han reducido de 40 a ninguna».
Este instituto prohibió el móvil hace cuatro años, «porque los alumnos no hablaban entre ellos y el teléfono era la excusa para empezar muchas discusiones». Pero empezó a haber problemas porque, cuando eran sorprendidos con el aparato, algunos estudiantes se negaban a que el profesor se lo requisara. El centro ha cambiado el protocolo para que los críos tengan que firmar un documento de cesión voluntaria del dispositivo, además de renunciar a estar dos días sin él, un tiempo que para ellos es una eternidad. El resultado es que «la convivencia ha mejorado muchísimo», en palabras de la directora.
Desde Extremadura, que tiene prohibido el teléfono desde el 1 de marzo de 2024 en todo el recinto escolar, coinciden en que la medida «ha dado seguridad a los centros educativos», que hasta hace un año se exponían a posibles denuncias de las familias. «No ha habido problemas al ejecutar la instrucción», señalan en esta región, que hace una valoración «muy positiva», como Baleares o Canarias, que restringieron el móvil en los colegios en enero de 2024.
En Galicia, el veto se produjo en las aulas en 2015, pero hace un año se amplió a todo el recinto. Fuentes de la Conselleria afirman que «los propios estudiantes lo aceptaron sin problemas». «Cuando les preguntamos, nos dicen que no lo echan de menos», precisa Mónica Mariño, directora del IES Alfredo Brañas de Carballo (La Coruña), que no deja sacarlo ni en las excursiones -es ella la que hace las fotos- ni a la salida del instituto. Si un día un profesor lo requiere como herramienta educativa para una tarea, el departamento debe notificarlo a los padres con antelación.
El resultado es que el pasado trimestre sólo se han registrado dos expedientes disciplinarios por faltas graves, frente a la decena que se han producido en el mismo periodo de otros cursos. Si antes se requisaban unos 20 aparatos por evaluación, en esta ocasión sólo se han quitado dos.