- Decreto ómnibus El Gobierno se estrella en el Congreso tras fracasar su negociación con Junts y perder todas las votaciones clave
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Por 177 noes frente a 171 síes, el Congreso ha rechazado este miércoles el decreto ómnibus con el que se inauguraba el año en el hemiciclo. PP, Vox y Junts han sumado sus votos para propiciar al Gobierno su primera derrota parlamentaria en 2025, derogando primer decreto-ley que llevaba hoy al Pleno y, en consecuencia, dejando caer la larga sucesión de iniciativas que este recogía.
Revalorización de las pensiones
La principal medida incluida en el decreto que presentó el Gobierno es la revalorización de las pensiones para adecuarlas al incremento de los precios. Esto es: para actualizarlas a la inflación y atenuar así la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Según recoge el texto de la iniciativa, y conforme a la evolución del IPC en los últimos doce meses, de haberse aprobado hoy el decreto las pensiones se habrían incrementado un 2,8% este 2025 -entre un 6% y un 9% en los tramos más bajos de retribución-.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que dicha subida sí se aplicará en el cobro de la nómina de enero, pues el decreto-ley ha estado vigente hasta hoy.
Bonificaciones al transporte público
El texto que el Congreso ha rechazado este miércoles recogía también la prórroga de las bonificaciones al transporte público que se introdujeron en 2022 con motivo de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. El decreto sostenía que esos descuentos seguirían vigentes hasta el 30 de junio de este año, pero al no haberse convalidado, las ayudas decaen. Así, quedan anuladas medidas como la gratuidad de los trenes de media distancia para viajeros habituales y el descuento del 50% en el transporte urbano e interurbano -el Estado financiaba una rebaja del 30% bajo el compromiso de las CCAA de que estas subvencionarían el 20% restante con cargo a sus presupuestos autonómicos-.
Ayudas a afectados por la dana y por el volcán de La Palma
El decreto derogado hoy incluía también varias medidas de apoyo económico a los afectados por la dana que arrasó el cinturón sur de Valencia hace ya casi tres meses. Por ejemplo, en el texto se abría la puerta a que el Ejecutivo de Carlos Mazón pudiera formalizar "nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación" para cubrir los gastos derivados de la situación de emergencia. También recogía la posibilidad de extender el plazo para que los municipios afectados soliciten subvenciones, así como la ampliación del ámbito de aplicación de las ayudas en materia agraria.
Además, el decreto-ley contemplaba la extensión de las medidas dirigidas a la reconstrucción económica de la isla de La Palma, ante los efectos producidos por la erupción volcánica de 2021.
Prórroga del bono social
El decreto ómnibus ha decaído en su totalidad, con lo que tampoco será efectiva la prórroga del bono social, que contempla descuentos en la factura eléctrica que varían en función del grado de vulnerabilidad de cada hogar. Esta bonificación, al igual que las ayudas para pagar el suministro de agua y energía, se pretendían extender hasta el 31 de diciembre de 2025, pero quedan ahora anuladas.
Suspensión de los desahucios
Atendiendo "a la realidad social y económica de los hogares en el actual contexto caracterizado por [...] insuficiencia de oferta asequible de vivienda", el decreto recogía también la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025, de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos -en los términos que se definieron al comenzar la crisis de la pandemia-. Asimismo, extendía hasta el 31 de enero de 2026 el plazo para solicitar compensación por parte del arrendador o propietario.
Ayuda a Ceuta para atender a menores migrantes
Uno de los motivos a los que apelaba Vox para justificar su no a la convalidación de este decreto era que el texto incluía una subvención "por razones de interés público, social y humanitario" a Ceuta para atender a los menores migrantes que se encuentran en su territorio. La suma de esta ayuda ascendía a 4.500.000 euros y tenía como fin garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y crear los recursos residenciales necesarios para acoger a los niños y niñas.
El traspaso del palacete de París
La medida más polémica de este decreto ómnibus que ha inaugurado el año en el Congreso era la relativa al traspaso al PNV de la actual sede del Instituto Cervantes en París, un palacete que antes fue propiedad del Gobierno vasco en el exilio. El PP manifestó su oposición a esta cesión, abriendo un enfrentamiento directo con los jeltzales. El PNV asegura que ya ha registrado a su nombre el edificio a pesar de que el Congreso ha rechazado hoy esta concesión.