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El propio presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, descartó en nuestro país que el Tribunal Constitucional pueda "impedir" a ningún juez español elevar una consulta ante la justicia europea. Es decir, el máximo representante del TJUE rechazó de plano la maniobra ideada ahora por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a raíz de la cuestión prejudicial que prevé plantear en los próximos días la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE de Andalucía.
Lenaerts impartió el 6 de mayo del año 2022 una conferencia en la sede del TC, donde dijo textualmente que "la fuerza vinculante de las sentencias de los tribunales constitucionales no puede llegar al extremo de impedir que un juez nacional examine, por sí mismo o en cooperación con el Tribunal de Justicia a través del mecanismo de remisión prejudicial, la compatibilidad de una legislación nacional con el Derecho de la Unión". El presidente subrayó, además, que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descarta que una jurisprudencia constitucional pueda limitar la facultad del juez nacional de examinar la compatibilidad de una legislación nacional con el Derecho de la Unión".
Era la primera vez que un presidente del TJUE visitaba el Constitucional español y la importancia de su presencia en el mundo jurídico se reflejó entre la lista de los asistentes al acto aquel día primaveral de hace tres años a la sede del tribunal, ubicada en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. A la conferencia de Lenaerts acudieron magistrados del TC, varios ex presidentes y magistrados eméritos, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la entonces presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, vocales del CGPJ, diputados y senadores, así como embajadores de la Unión Europea en España.
Las palabras pronunciadas por el presidente del TJUE en España cobran ahora máxima actualidad después de que Conde-Pumpido plantease la semana pasada a los magistrados del órgano de garantías bloquear que la Audiencia de Sevilla lleve el caso de los ERE a la justicia europea.
El presidente del TC sondeó la aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para desactivar la iniciativa del tribunal que juzgó el mayor caso de corrupción de la historia de España. Conde-Pumpido entiende que la Audiencia Provincial de Sevilla se ha declarado en "rebeldía" al querer presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE tras el fallo que dictó la corte de garantías sobre este macrocausa de corrupción, donde se anularon las condenas por prevaricación y se exoneró del delito de malversación de caudales públicos a varios de los ex miembros de los gobiernos socialistas que repartieron en Andalucía 679 millones de euros en ayudas públicas al margen de la ley de subvenciones.
El presidente del TJUE recalcó la primacía del derecho de la UE
El artículo 92 de la LOTC establece que el Constitucional "podrá declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó". Esa ley fue reformada en el año de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío independentista catalán, pensando en que el Parlament o la Generalitat podían incumplir las resoluciones del TC durante el procés.
Conde-Pumpido sondeó a los magistrados ante la posibilidad de hacer uso de ese artículo de la LOTC para anular la providencia dictada por la Audiencia de Sevilla donde se pedía la opinión de las partes sobre la pertinencia de acudir al TJUE, pero el presidente se topó con serias reservas por parte de un nutrido grupo de miembros del tribunal, tanto progresistas como conservadores.
Durante la conferencia que pronunció el presidente del TJUE ante los miembros que componían entonces el TC, incluido su actual presidente Conde-Pumpido, Koen Lenaerts, planteó la siguiente cuestión: "¿Qué pasa cuando un tribunal constitucional se opone explícitamente a una sentencia del Tribunal de Justicia, alegando que esta es incompatible con la identidad nacional del Estado miembro en cuestión o que es ultra vires? ¿Puede y debe el juez nacional dejar inaplicada la jurisprudencia de su propio tribunal constitucional afín de asegurar la plena eficacia de normas del Derecho de la Unión que produzcan efecto directo?".
Para responder a esta pregunta, el presidente el TJUE aludió al asunto RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), de febrero de 2022, respecto a una resolución dictada en la primavera de 2021 por el Constitucional de Rumanía en la que este había declarado que las disposiciones nacionales relativas a la creación y funcionamiento de la Sección para la investigación de los delitos cometidos por la Administración de Justicia eran constitucionales.
Al acto con Lenaerts asistió el ahora presidente del TC, Conde-Pumpido
No obstante, el TJUE había dictaminado previamente que dichas disposiciones nacionales eran contrarias al Derecho de la Unión si no iban acompañadas de una serie de garantías específicas. Esto llevó al Tribunal Superior de Craiova a preguntar a la justicia europea si tenía que seguir la jurisprudencia de su tribunal constitucional o la del TJUE. El tribunal que preside Lenaerts reiteró en su sentencia "la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de inaplicar las valoraciones de un Tribunal Constitucional que sean contrarias una sentencia dictada por el TJUE".
Por otro lado, durante su ponencia en el Constitucional, el presidente del TJUE también hizo referencia a la sentencia de Eurobox Promotion, que abordaba, como los ERE, asuntos de corrupción, y donde el TJUE reforzó el principio de primacía del Derecho de la Unión.
Según informan fuentes jurídicas, desde el año 2008, el TJUE ha dictado hasta 16 sentencias donde otorga los jueces europeos amplias facultades para plantear cuestiones prejudiciales. La citada jurisprudencia consolidada establece que la iniciativa de plantear una cuestión prejudicial depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga sobre la pertinencia y la necesidad de dicha remisión.