Era uno de los nombramientos más comentados, más esperados, más polémicos y por fin se ha producido, más o menos. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, asesor cada vez más cercano de Donald Trump y compañero de campaña (invirtió cerca de 200 millones de su bolsillo y estuvo en mítines o la noche electoral en Mar-a-lago) estará al frente del "departamento de eficiencia gubernamental", algo que pese a su nombre y apariencia rimbombante no será ni departamento ni parte del Gobierno, pero que puede tener efectos trascendentales en el futuro de la administración pública.
"Esto provocará una onda expansiva en el sistema y en todos los involucrados en el despilfarro gubernamental, que son muchas personas", ha festejado Musk en una declaración.
Hace semanas, Trump anticipó que el empresario tendría algún tipo de responsabilidad si ganaba las elecciones, algún tipo de poder para ejecutar una auditoría en profundidad de la eficiencia de la administración pública, que según sus cálculos gasta 6,5 billones de dólares cada años. Y este martes, en medio de una batería de nombramientos importantísimos (secretario de Defensa, consejero de Seguridad Nacional, el abogado de la Casa Blanca o el director de la CIA, entre otros) Trump ha dado más detalles de lo que ha calificado como "potencialmente el Proyecto Manhattan de nuestra era", pero aclarando que sea lo que sea que haga Musk no será desde dentro del Ejecutivo, sino desde fuera.
En un comunicado, el presidente electo ha explicado que el dueño de Tesla, X o SpaceX, y el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, que desafió a Trump en las primarias republicanas para luego integrarse en su movimiento, dirigirán el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en sus siglas en inglés), que pese a su nombre no implica un cargo público, sino una especie de asesoría externa.
Ramaswamy suspendió su campaña en enero y pasó a ofrecer su apoyo a Trump. Es un multimillonario de la biotecnología, según informa la BBC, que no tiene experiencias previas en cargos políticos. Durante su campaña como candidato republicano propuso la supresión de varios departamentos federales, como el de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI. Suyas son también declaraciones como que «la fe, el patriotismo y el trabajo duro» estaban siendo sustituidos por «nuevas religiones seculares como el covid-ismo climático y la ideología de género». Y, en cuanto a Ucrania, pidió a Kiev «grandes concesiones» para poner fin al conflicto.
Según ha explicado, ambos trabajarán juntos para "desmantelar la burocracia gubernamental, eliminar las regulaciones excesivas, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales". Algo que, promete, "liberará la economía" y acabará con el "despilfarro y fraude" masivo actual.
El precedente de Reagan
La idea no es original. En 1982, Ronald Reagan hizo lo mismo, encargando al empresario Peter Grace una evaluación externa del gasto público. Su informe, conocido como el de la Comisión Grace, concluyo con sugerencias de ahorro que estimaban de hasta 424.000 millones en tres años, y que impedirían el aumento disparado de la deuda pública.
Los dos empresarios brindarán de es manera "asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociarán con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto". El trabajo de auditoría debería concluir "no más allá del 4 de julio de 2026", la fecha en la que EEUU va a celebrar su 250 aniversario.
Hay muchas razones para que Musk no forme parte oficial del Gobierno, y la mayoría relacionadas con incompatibilidades. Pero esa misma regla para una tarea que más que probablemente choque con todas las normas sobre conflictos de interés de EEUU. Musk tiene contratos de miles de millones de dólares con el Estado, especialmente en lo que afecta a su negocio espacial y de cohetes. Pero además tiene conflictos con numerosas agencias federales, desde las que controlan el daño al medioambiente y la contaminación de sus cohetes al Departamento de Trabajo pasando por la seguridad de los vehículos sin conductor. En los últimos meses, más de 20 investigaciones se abrieron.
Según estimaciones de hace unas semanas de The New York Times, "SpaceX, dicta en la práctica el cronograma de lanzamiento de cohetes de la NASA. El Departamento de Defensa depende de él para poner en órbita la mayoría de sus satélites y el año pasado, a sus empresas se les prometieron 3.000 millones de dólares" en casi 100 contratos diferentes con 17 agencias federales.
"Tenemos una cuarta rama del gobierno, el estado administrativo, que nuestros Padres Fundadores no imaginaron", dijo ayer en una entrevista Ramaswamy, un ex ejecutivo farmacéutico. "Eliminar el exceso de burocracia será bueno para nuestra economía y para nuestro espíritu nacional".
Conflictos de intereses
El hombre más rico del mundo dijo antes de las elecciones que ayudaría a Trump a recortar dos billones de dólares del presupuesto federal (más que los departamentos de Defensa, Educación y Seguridad Nacional juntos), pero por ahora no hay ningún plan ni detalles sobre cómo lo harán, ni qué partes del gobierno se recortarían o reestructurarían. Tampoco hay ninguna claridad sobre qué impacto puede tener una asesoría externa de ese tipo, ya que el gasto federal está controlado por el Congreso y no sólo la Casa Blanca. Y aunque los republicanos han recuperado el control del Senado, y están en camino de mantener la Cámara de Representantes, cualquier ajuste necesita el respaldo de políticos que se deben a sus circunscripciones y siempre han sido muy celosos de cada dólar gastado en ellas.
El segundo problema es sobre las agencias en sí y permitir al lobo que vigile a las ovejas. No es ninguna conspiración. Musk, en público, se ha quejado reiteradas veces de las limitaciones impuestas por la legislación, todas ellas. Las que exigen permisos para descargar grandes cantidades de agua potencialmente contaminada desde su plataforma de lanzamiento de cohetes en Texas. De la Comisión Federal de Comunicaciones, que supervisa los satélites que lanza SpaceX, diciendo que si ésta no hubiera "revocado ilegalmente" más de 886 millones de dólares en fondos federales que la empresa había solicitado para brindar acceso a Internet a las áreas rurales, los equipos satelitales "probablemente habrían salvado vidas en Carolina del Norte" después del último huracán.