El actor chino Wang Xing fue engañado por un falso director de casting para viajar hasta Tailandia con el pretexto de hacer una prueba para participar en una película. Nada más pisar suelo tailandés, Wang fue secuestrado. Sus captores lo llevaron hasta Myawaddy, en la vecina Birmania, una ciudad fronteriza que se ha convertido en el epicentro de la ciberdelincuencia regional, dirigido por mafias chinas.
Después de tres días, Wang, al que habían rapado la cabeza, fue rescatado en un operativo que organizó la Policía tailandesa. Tras la noticia, que saltó en enero, las familias de 174 ciudadanos chinos que se cree que también fueron secuestrados por las mismas redes que operan en Myawaddy organizaron una campaña para pedir al Gobierno chino que trajera a sus familiares de vuelta a casa.
Las bandas criminales chinas, aprovechando el caos de Birmania, un país aturdido por una sangrienta guerra civil, se hicieron con el control de Myawaddy al llegar a un acuerdo con grupos armados étnicos y señores de la guerra locales que están luchando contra los militares que dieron un golpe de Estado hace justo cuatro años: armas y munición a cambio de que les facilitaran la entrada y la infraestructura para montar los locutorios desde donde ejecutan fraudes en línea en muchos idiomas que apuntan a jubilados y personas solitarias de todo el mundo. Aunque la mayoría de las víctimas son chinos que viven en China, Estados Unidos y Europa.
Estas mafias también engañan miles de víctimas cada año para que crucen hacia Birmania o Tailandia con falsas promesas de trabajo, como fue el caso del actor Wang, y luego las secuestran y obligan a trabajar haciendo llamadas desde los centros de estafa. Desde que en septiembre del año pasado Pekín se pusiera en serio a presionar al Gobierno golpista birmano para que persiguiera a estas bandas chinas, más de 30.000 criminales han sido detenidos y trasladados a China para ser juzgados.
Estas redes que manejan estafas por Internet o a través de llamadas tan sólo son una de las muchas patas del semillero de delincuencia transnacional en el que se ha convertido Birmania desde que los militares derrocaran al Ejecutivo electo. El país del Sudeste Asiático es en estos momentos un refugio seguro para traficantes de armas y tratantes de personas. Es una tierra fértil para las drogas sintéticas. También domina el circuito del tráfico de especies y de los tan demandados minerales raros.
"Birmania es en estos momentos el mayor nexo de la delincuencia organizada del planeta", aseguraba el último informe, respecto a 2024, que publica anualmente el Índice Mundial de la Delincuencia Organizada. Este reporte señala especialmente que este país es ahora mismo el mayor productor mundial de opio y uno de los mayores fabricantes de drogas sintéticas, como metanfetamina y ketamina, que acaban vendiéndose en puntos tan lejanos como Australia o Canadá.
"La cantidad de opio producido en Birmania está muy cerca de los niveles más altos que hemos visto desde que lo medimos por primera vez hace más de 20 años", explica Masood Karimipour, representante regional de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), una organización que, en 2023, afirmó que, por primera vez, Birmania había adelantado a Afganistán como la principal fuente mundial de opio y heroína.
"Como la dinámica del conflicto en el país sigue siendo muy intensa y las cadenas de suministro globales se adaptan a la prohibición que lanzaron los talibán en Afganistán, vemos un riesgo significativo de una mayor expansión del opio en Birmania en los próximos años", continúa Karimipour.
Crisis de enormes proporciones
Después del golpe de Estado de 2021, Birmania fue arrastrada a una crisis humanitaria que se fue agrandando según avanzaba la guerra civil entre el ejército y los rebeldes. La economía se hundió y muchas familias se lanzaron al campo porque la única forma que encontraron para salir adelante era plantar la amapola (o adormidera), de la que se extrae el opio. Esto coincidió con la cruzada en Afganistán de los talibán contra estos cultivos, llegando a frenar frenó de golpe casi toda la producción del que durante muchas décadas fue el mayor proveedor mundial (más del 80%) de opio. Birmania, con sus laboratorios clandestinos en zonas de guerra transformando el opio en heroína, comenzó entonces a cubrir la demanda mundial.
La ruta del tráfico de heroína se desvió tomando como punto de partida el que ya era el habitual surtidor de drogas sintéticas del Sudeste Asiático, el Triángulo Dorado, término que acuñó hace años la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para referirse al área fronteriza donde se encuentran Tailandia, Laos y Birmania. En las profundidades de sus selvas, las milicias locales que luchan contra los militares y se financiaban con la producción sobre todo de metanfetamina, comenzaron también a dominar el mercado de la heroína.
En Birmania, la principal zona de cultivo de opio se encuentra en la región norteña de Shan, uno de los epicentros de los actuales combates entre el ejército y la alianza formada por grupos armados. "Los precios de la heroína, que han caído un 8%, probablemente haya sido un factor decisivo para el aumento de la producción", afirma Karimipour. Los expertos aseguran que los criminales, que tienen sus laboratorios repartidos por todo Shan, han bajado también los precios de la metanfetamina, el éxtasis, la ketamina y la yaba -una mezcla de metanfetamina y cafeína- para mover mayores cantidades de estas sustancias por la región.
El negocio del tráfico de drogas en Birmania ha ido prosperando de la mano de la explotación ilegal de minas de jade y rubí. A ambos turbios mundos les une una cosa en común: los señores de la droga vuelven adictos a muchos jóvenes birmanos que terminan trabajando en las minas, en condiciones deplorables, para poder costearse sus dosis.
Todo esto es lo que ocurre en un país que asoma a una gran hambruna, mientras la sangre de la guerra continúa corriendo por todas partes. Hace unos días, la Junta golpista que gobierna prorrogó por seis meses más el estado de emergencia que debía expirar a medianoche del viernes 31 de enero, posponiendo de nuevo la celebración de unas elecciones generales libres. Esa fue la promesa de los generales que estuvieron detrás del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que expulsaron a la fuerza del poder al Ejecutivo de la popular Aung San Suu Kyi, quien cumple una sentencia de 27 años de prisión.
El pasado noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra el jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, por presuntos crímenes contra la minoría rohingya en 2016 y 2017. Un informe de la ONU presentado hace unos días denunciaba que la guerra ha desplazado a más de 3,5 millones de personas y que en las cárceles birmanas hay miles de opositores que están sufriendo torturas.
"Los militares han masacrado a miles de civiles, bombardeado y quemado aldeas y desplazado a millones de personas", asegura el ex congresista estadounidense Tom Andrews, quien en estos momentos es el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Birmania. "Más de 20.000 presos políticos siguen entre rejas, la economía y los servicios públicos están colapsados. Y la hambruna se ciernen sobre gran parte de población". Esta es la amplia fotografía de la Birmania actual cuatro años después del golpe militar.