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El príncipe Harry ha dado la sorpresa este martes con su aparición, sin previo aviso público, en el Palacio de Justicia de Londres, donde se celebra el juicio de apelación sobre el nivel de seguridad oficial que el Gobierno británico ha de brindarle a él y su familia en sus visitas a Reino Unido.
El príncipe entró en la sala 73 del Tribunal de Apelación, acompañado de su abogada, y ocupó una silla de la última fila del espacio reservado para los respectivos representantes legales.
En traje oscuro, camisa blanca y corbata, el duque siguió el procedimiento habitual de cortesía ante los tres jueces que escuchan su recurso contra el ministerio del Interior.
El presidente del trío de altos magistrados llamó la atención sobre el hecho de que parte del juicio procederá a puertas cerradas, sin la presencia de periodistas ni miembros del público, debido a la confidencialidad de los temas de seguridad y protección tratados en la disputa legal. Alegatos y testimonios presentados en instancias anteriores del proceso aluden no solo al hijo menor del rey Carlos III sino también a otros familiares.
El inesperado viaje de Harry a Londres coincide con la visita de Estado de Carlos III a Italia en compañía de la reina Camila.
Tampoco se anticipa un reencuentro de los dos hermanos durante la estancia del duque. Las vacaciones escolares de Pascua ya han comenzado y los planes de Guillermo apuntan a disfrutar del tiempo libre con Kate y sus tres hijos.
Sin protección
Harry reclama protección personal del cuerpo de élite de la Policía Metropolitana de Londres (MET) en sus viajes al Reino Unido, solo o acompañado de su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Lo considera un requisito natal- "en virtud de haber nacido dentro de la Familia Real", clama en su alegato legal- y una garantía de seguridad para su familia dado el alto perfil público del matrimonio.
Harry perdió el caso en cuanto se anunció su retirada de la vida pública y las funciones oficiales, en enero de 2020. Incluso antes del ya famoso 'Acuerdo Sandringham', que confirmó la salida de los duques de Sussex en una reunión de la Reina Isabel con su heredero Carlos y los dos hijos del actual rey, el entonces Gobierno conservador informó a Palacio que no estaba "dispuesto a pagar la seguridad" de los desertores.
El Gobierno también se cerró en banda a la oferta de la Casa Real de costear el despliegue de operativos de la MET en protección de Harry y su familia, de acuerdo con documentos presentados en el juzgado.
Con su desplazamiento a Canadá, originalmente, y el asentamiento final en California, el duque pasó a ser un "ciudadano privado", sin derecho a ser protegido con recursos públicos pese a su condición, junto con su mujer y ex actriz, de "celebridades" expuestas al "invasivo interés de la población o los medios".
En vano sirvió la advertencia de la Casa Real y del propio príncipe sobre los "trágicos incidentes del pasado", incluida la violenta muerte de la princesa Diana, madre de Guillermo y Harry, mientras reporteros gráficos perseguían el vehículo en el que se desplazaba por las calles de París, el verano de 1997.
El duque sostiene que el riesgo es incluso más severo en la actualidad, con "capas adicionales de racismo y extremismo", que amenazan el bienestar y la seguridad de su familia y le impiden regresar a Reino Unido con su mujer y sus hijos.
Se prevé que el juicio se prolongue hasta mañana miércoles.