- Tribunales El Constitucional suspende la Ley LGTBI de Ayuso al admitir a trámite los recursos del Gobierno
El Partido Popular ultima la reforma de las leyes LGTBI y trans, cuyas modificaciones pasará próximamente por el pleno de la Asamblea y afectan directamente a varios de los puntos suspendidos por el Tribunal Constitucional tras los recursos presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Defensor del Pueblo. La tramitación de estos cambios, que serán aprobados sin debate y por lectura única apenas diez meses después de que saliera adelante la reforma inicial, ha generado un importante revuelo político en la Cámara madrileña, al entender la izquierda que Isabel Díaz Ayuso ha «reculado» en sus propósitos iniciales. Una percepción que también comparte Vox, que ha pasado de votar a favor de las leyes en la Asamblea a acusar a Ayuso de «ir de la mano» de Irene Montero con esta reforma.
Unas acusaciones que el Gobierno regional esquiva al defender que los cambios son quirúrgicos, de carácter «técnico» y en línea a lo marcado por el Consejo de Estado en su informe sobre ambas normas. La cuestión es que varios de estos cambios abordan directamente los puntos más polémicos de los textos, tumbados por el Constitucional el pasado mes de julio. Se trata de la modificación de un punto en la ley LGTBI y de cinco en la ley trans, aunque el que más controversia ha levantado es la nueva redacción del artículo 14 de esta última ley.
El artículo, centrado en el tratamiento hormonal para menores, el Ejecutivo madrileño pasa a garantizar que exista un asesoramiento tanto antes como durante el proceso y se exija un informe médico en el caso de que el menor presente alguna enfermedad previa, una reformulación considerada por Vox más laxa que la anterior. La nueva redacción del artículo 14 de la ley trans, según lo registrado por el PP en la Asamblea, será la siguiente: «Con anterioridad al comienzo del tratamiento farmacológico, y durante todo el proceso, el menor recibirá apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil. Además, en el caso de que exista alguna enfermedad será imprescindible un informe del profesional que esté tratando al menor».
Una redacción que ha convencido especialmente a las formaciones de izquierdas, que ven un notable cambio en el discurso del PP respecto al pasado diciembre y lo achacan al interés del Gobierno regional por sacar adelante los puntos paralizados por el Tribunal Constitucional. En el seno del Ejecutivo autonómico remarcan que el nuevo artículo 14 «garantiza el acompañamiento» del menor por parte de profesionales en todo momento y recuerdan que en el texto original de esta legislación, correspondiente a 2016, no existía un marco para abordar con control la situación de los menores como sí asegurará la normativa con este nuevo punto.
Exactamente así lo ven también en Vox, motivo por el que han cargado en las últimas horas con contundencia contra Ayuso, a la que acusan de adoptar los postulados de la izquierda y poner con esta definición más laxa más facilidades para la «hormonación de niños en la pubertad», lo que es a ojos del partido «un error muy grave». La formación, ahora comandada en la región por José Antonio Fúster, reiterará en el pleno -en el que se estrenará como portavoz Isabel Pérez Moñino tras la dimisión de Rocío Monasterio la pasada semana- que el único camino posible con esta norma es la derogación total y absoluta. A pesar de que Vox no ha avanzado el sentido de su voto, todo parece indicar que en esta ocasión se decantará por el no.
Por lo demás, la reforma registrada el viernes pasado por el PP en la Asamblea aborda cuestiones técnicas, como la eliminación del término «comorbilidad» con el objetivo, se explica, de despatologizar el enfoque de esta norma. También se ha mejorado la redacción del artículo que habla de terapias aversivas, al entender que generaba confusión -se «circunscribirá a informar, con base científica y garantías médicas, a la persona transexual, buscando la protección de su salud», reza el nuevo texto normativo registrado-. En los artículos en los que se aborda la intimidad de las personas trans y del resto de los usuarios se ha sustituido el término «chicas» por «niñas y mujeres». También se ha eliminado la limitación para que asociaciones y organizaciones representativas puedan actuar como interesados en los procesos penales y en los procedimientos administrativos.