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«Desde hoy no podrá haber patinetes de alquiler estacionados en la ciudad. En caso de incumplimiento, las empresas podrán ser sancionadas con 1.500 euros por vehículo que ocupe la vía sin autorización», afirmó ayer el delegado de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en su cuenta de Twitter, acompañando su mensaje con una fotografía en la que se ve a un hombre en un patinete de la marca Lime frente al Palacio de Cibeles.
Sin embargo, al abrir la aplicación de Lime durante la mañana, la citada prohibición parecía inexistente, y cientos de puntos indicando la presencia de patinetes disponibles para alquilar salpicaban el interior de la M-30.
Para articular la prohibición, el delegado Carabante firmó un decreto a principios de octubre revocando las autorizaciones que Lime, Dott y Tier Mobility tenían para operar alrededor de 6.000 patinetes en la ciudad. Su entrada en vigor comenzó ayer, fundamentando la revocación de las licencias en la Ordenanza de Movilidad Sostenible y justificándose en que las empresas habrían hecho caso omiso de las condiciones clave que el Ayuntamiento había establecido para la operación segura de estos vehículos en cuestiones como la falta de tecnología para limitar el aparcamiento a zonas específicas, la falta de colaboración de las empresas para brindar acceso a sus sistemas de supervisión, el incumplimiento en la distribución de los patinetes en la ciudad y que los seguros ofrecidos por las operadoras no cubrían adecuadamente los riesgos previstos en el acuerdo original.
El refrán del dicho al hecho hay un trecho se cumple a rajatabla en este caso. Según ha podido comprobar GRAN MADRID, las dos principales operadoras de patinetes eléctricos, Lime y Dott, seguían ayer operando con total normalidad, sin miedo a las sanciones. Mientras tanto, Tier, la tercera gran empresa de este sector, parece estar cumpliendo con las prohibiciones establecidas por el Consistorio.
En el caso de las otras dos empresas, al igual que cada mañana, sus patinetes salpicaron durante todo el viernes el paisaje urbano del centro de la ciudad. Sus unidades estuvieron totalmente operativas, hasta el punto de que, pese a que su presencia sea ilegal según la normativa, este diario ha podido registrarse en ambas aplicaciones, activar los patinetes y comprobar que estos seguían funcionando y facturando por la actividad de los usuarios.
Y es que los servicios que ofertan estas empresas no son precisamente baratos. En el caso de Lime, fueron 2,04 euros por 5 minutos y 54 segundos. Mientras tanto, Dott facturó 1,40 euros por 1 minuto y 37 segundos.
El caso de la segunda resulta especialmente llamativo, ya que el usuario está obligado a marcar una casilla de «tengo más de 18 años» y otra de «para ahorrarme la multa, respetaré las normas que acabo de leer», pese a ser la propia empresa quien ayer ya operaba de forma pirata.
Las empresas de patinetes que desafían al Ayuntamiento de Madrid
Pero, ¿Quiénes son estas empresas que desafían al Ayuntamiento? Dott tiene su sede en Ámsterdam, su estructura es franco-holandesa y opera en ciudades de Europa y Oriente Próximo. La compañía ha recibido inversiones de entidades como EQT Ventures, Prosus Ventures, la firma belga Sofina y la escocesa Abrdn, que han financiado su expansión en el continente. En 2024, Dott se fusionó con la empresa alemana Tier para consolidar su red de servicios en más de 400 ciudades.
Mientras tanto, Lime, fundada en 2017 en California, es una empresa que ofrece servicios de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas en ciudades de todo el mundo. Ha recibido importantes inversiones de empresas como Uber y Alphabet (matriz de Google), que han impulsado su crecimiento en múltiples mercados. En 2020, Uber lideró una ronda de financiación de 170 millones de dólares en Lime, además de transferirle su división de bicicletas compartidas, Jump, lo que consolidó la integración entre ambas.
Un músculo financiero y tecnológico con el que estas empresas pueden permitirse desafiar al Ayuntamiento de Madrid, pese a que se exponen a sanciones de «1.500 euros por vehículo y por día que haya en la vía pública», lo que se traduce en cerca de 9 millones de euros diarios. Además, desde el Consistorio insisten en que la Policía Municipal puede retirar estos patinetes infractores de la vía pública. Sin embargo, no precisan cómo se ejecutará esta requisa para llevarlos a un depósito municipal en caso de que persistan en su desafío. Mientras tanto, las multinacionales guardan silencio (no han querido hacer declaraciones pese a los intentos de este diario) y siguen haciendo negocio.