La subdirectora general de Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid, María Cruz Sánchez Rodríguez, ha negado que la composición del tribunal de las oposiciones a comisarios de la Policía Municipal de Madrid de 2021 incumpliera los criterios técnicos y ha precisado que se decidió que las pruebas físicas se celebrasen por primera vez al final del proceso "con el fin de cumplir el Plan de Igualdad". Contesta así al artículo publicado ayer por este periódico sobre incumplimientos en la composición del tribunal y alteraciones de varias normas, pese a que el Ayuntamiento aseguró a EL MUNDO que no se iba a pronunciar sobre un asunto judicializado. Un juez de Madrid está investigando estas oposiciones de comisarios y las de inspectores de la Policía Municipal por posibles amaños en las pruebas, tras la denuncia de los sindicatos policiales UPM y AMPU.
Este tribunal, formado para las oposiciones de comisario, solo tenía entre sus diez miembros a un policía en calidad de suplente, el comisario general de la Policía Municipal de Madrid, Óskar de Santos. De esta forma, se ha podido vulnerar lo indicado en el artículo 47 del R.D. 210/2021, que señala que la "composición de los tribunales será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas".
María Cruz Sánchez Rodríguez, vocal del tribunal de comisarios, ha apuntado que "todos los miembros del tribunal de selección tienen la titulación necesaria para poder formar parte de dicho órgano colegiado, siendo este el requisito impuesto por la normativa de Función Pública para poder formar parte de dichos órganos de selección, junto con la necesidad de ser funcionarios/as de carrera. Normativa que, por otra parte, también prohíbe el corporativismo de los tribunales de selección al señalar que en ningún caso podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo que se ha de seleccionar". Añade, además, que "la mayoría de los miembros del tribunal son funcionarios/as de la Dirección General de Policía Municipal con sobrada experiencia en el desarrollo de sus funciones en este ámbito, teniendo un amplio conocimiento del Cuerpo de Policía Municipal al que prestan sus servicios y para lo cual es necesario conocer a fondo la organización a la que da servicio".
Respecto al cambio de las pruebas físicas como última fase de la oposición, aclara el motivo de esta modificación. La subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía Municipal asegura que el tribunal se limitó a "cumplir lo establecido en las bases del proceso selectivo, que determinaron que las pruebas físicas fueran las últimas en realizarse". Sánchez Rodríguez apunta que esto se decidió "para cumplir lo establecido en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, en el que se determina expresamente que, en aquellos procesos selectivos en los que hubiere pruebas físicas, estas han de realizarse en último lugar. En este sentido, en la negociación de las bases del proceso selectivo con la parte sindical, en la que yo estuve presente, se recordó esta obligación por parte de alguno de los sindicatos que participaron en dicha negociación, dato que puede ser comprobado en la correspondiente acta de la Mesa General de Funcionarios, celebrada a tal efecto".
Sobre el hecho de que se investiga si el tribunal de comisario debería haber hecho una reserva obligatoria del 50 % a la promoción interna, puntualiza que "los tribunales de selección en ningún caso tienen competencia para determinar cuándo ha de reservarse un porcentaje de plazas para la promoción interna, pues la función de un tribunal de procesos selectivos no es otra que realizar la selección de los funcionarios/as mejor preparados/as para las plazas convocadas, velando por el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, rectores en el acceso a la Función Pública". Sigue explicando que se actúa "en todo momento bajo los principios de imparcialidad e independencia y todo ello en aras de garantizar unos procesos selectivos objetivos, que culminen con la propuesta de los candidatos/as que hayan demostrado ser los/as mejores entre los/las que hubieran concurrido al proceso selectivo".
Asimismo, matiza que "la oferta de empleo público es elaborada por la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, ajena a la Dirección General de Policía Municipal y, por tanto, a la Subdirección General de Recursos Humanos. En su elaboración se respeta, en todo caso, el límite de la tasa de reposición de efectivos marcada en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, así como lo dispuesto en la normativa de aplicación". Además, la subdirectora de Recursos Humanos señala que, efectivamente, entre sus funciones "está la redacción del contenido de las bases que, por otra parte, con carácter previo a su aprobación, son negociadas en la Mesa General de Funcionarios, de la que forman parte las organizaciones sindicales, y elevadas a informe preceptivo de la Comunidad de Madrid". "En ningún caso", subraya, "entre mis funciones se encuentra contratar con ninguna empresa, limitándome a realizar los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos relacionados con procesos selectivos, cuya adjudicación se rige por las normas de contratación pública mediante procedimiento abierto con pública concurrencia, en el que en ningún caso participo".
Las oposiciones a comisario e inspector en la Policía Municipal de Madrid están bajo sospecha de un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por el supuesto vínculo de los aspirantes aprobados con miembros del tribunal y con la academia de policía Cronos, dirigida por la mujer del intendente de Policía Municipal Miguel Carmona, uno de los investigados por el juez.
El próximo mes de abril, el juzgado de Madrid que investiga los posibles amaños en las oposiciones de comisarios e inspectores ha citado para declarar a los 16 investigados, entre los que se encuentran José Luis Morcillo, Miguel Carmona Gavela, Oskar de Santos, Pablo Enrique Rodríguez, José Rodríguez Vacas, Ana María Padilla y Miguel Carmona Ordoño. El único miembro del tribunal de inspectores investigado es el comisario general de la Policía Municipal Oskar de Santos.
En dos ocasiones, el juzgado archivó el caso, pero la Audiencia Provincial ha pedido de nuevo al juez que indague más en el asunto tras los recursos presentados por AMPU (Asociación Municipal de Policía Unificada), al que se adhirió la Unión de Policía Municipal (UPM).