El Gobierno de Pedro Sánchez negocia con el Ejecutivo vasco una encomienda de gestión que le permita a la administración autonómica gestionar las 200 peticiones de ciudadanos extranjeros para convalidar sus títulos universitarios. Con esta medida excepcional se pretende solucionar la situación de estas peticiones registradas cuando Euskadi asumió la capacidad de convalidar títulos universitarios foráneos que ha sido anulada por varias sentencias del Tribunal Supremo. El País Vasco considera que el Alto Tribunal se ha excedido en sus competencias y recurrirá ante el Tribunal Constitucional mientras analiza reformas legales para blindar los traspasos de competencias de Madrid al País Vasco.
La consejera vasca de Autogobierno María Ubarretxena ha asegurado hoy que ya negocia con el Ministerio de Administraciones Públicas la puesta en marcha de una "encomienda de gestión" que facilite la tramitación de las 200 peticiones de convalidación de títulos que se registraron después del 1 de julio de 2024. El Supremo anuló el 24 de julio esta capacidad tras la presentación de recursos por parte de una veintena de colegios profesionales de toda España. El pasado 21 de marzo decretó la nulidad del Real Decreto que garantizaba la capacidad del País Vasco para convalidas estos títulos foráneos.
El Gobierno vasco en coordinación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sólo pretende resolver estos 200 casos ya registrados en su administración sino que recurrirá al Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo. Interpreta que el Alto Tribunal "se ha excedido en sus funciones", defiende que la enseñanza es una competencia propia de Euskadi y la convalidación no supone crear normas propias sino aplicar las del Estado y advierte que el traspaso también incluía la "equivalencia" de títulos.
Además, el Gobierno de Pradales y el de Sánchez trabajan conjuntamente para promover, a medio plazo, cambios legales como la modificiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario para que en ella se incluya la capacidad de las comunidades autónomas para "ejecutar" en procesos administrativos estas convalidaciones de títulos. También se plantea que una Ley Orgánica blinde los traspasos competenciales para que solo el Constitucional sea el órgano judicial competente ante la impugnación de estos acuerdos políticos entre instituciones.