En su tarjeta de visita, Antonio (de) Pleguezuelos -el 'de' lo añadía él- se presentaba como Príncipe de Marbella. De profesión "filántropo", en su página web y en sus redes sociales hacía alarde de su vida social e, incluso, se detallaban los miembros de su Corte y los de las Orden del Real Honor de la que él aseguraba ser el gran maestre. En la alicaída capital de la jet set, nostálgica de otros tiempos, se paseó por saraos y galas benéficas sin que nadie discutiera su abolengo... hasta que los nobles de verdad, la Diputación Permanente y Consejo de la Grandez de España y Títulos del Reino, le denunció en 2018 y de aparecer en las revistas del corazón pasó a la sección de tribunales y sucesos como reo de fraude.
Pero Pleguezuelos, con o sin el 'de', no es un delincuente. Tampoco es príncipe, porque el Principado de Marbella es un invento, pero no un delito. Eso es lo que acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tras años de pleitos le ha absuelto de cualquier responsabilidad penal. Los magistrados de la Sección de Apelación Penal han anulado la condena que la Audiencia Provincial de Málaga le había impuesto por un delito de falsedad documental. En concreto, como cooperador necesario del notario marbellí que dio fe de su título nobiliario inexistente.
Dicen los magistrados del Alto Tribunal andaluz que Pleguezuelos no puede ser considerado cooperador de la falsedad porque su papel en esta rocambolesca historia no era imprescindible para que la falsificación que sí cometió el notario, cuya condena, ésa sí, confirma el TSJA.
En todo caso, señala la sentencia difundida este viernes por el TSJA, el papel de Pleguezuelos podría haber encajado en el de inductor del delito, pero no hay evidencias que lo sustenten ni se probó en el juicio. En definitiva, que el Príncipe de Marbella no es ningún falsificador.
El notario José Luis G.O. estampó su firma en diciembre de 2016 en un acta oficial en la que certifica que Antonio Pleguezuelos "ostenta el título principesco de Príncipe de Marbella, como una dignidad principesca del Reino de España, con carácter vitalicio" y, añadía, "ha cumplido con la obligación fiscal sobre ese título principesco".
Más aún, el notario hizo que, con su aval, se publicase el particular reconocimiento del título principesco nada más y nada menos que en el Boletín Oficial del Estado, en su número del 30 de diciembre de 2016, y BOE en mano, Pleguezuelos disipaba cualquier duda sobre su tarjeta de presentación como Príncipe de Marbella. ¿Quién iba a dudar de un notario y, además, del BOE?
Señalan los magistrados del TSJA que, efectivamente, no es delito auto proclamarse noble o príncipe, en este caso, de Marbella, como tampoco no lo es que Pleguezuelos lo usara en sus relaciones sociales y de manera pública. Lo que sí es delito, hace hincapié la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julio Ruiz-Rico, es que el notario accediese a sus pretensiones de que declarara (con la excusa de proteger dicha dignidad de terceras personas de dudosa reputación que la estarían utilizando), "en su condición de fedatario público", que dicho título era conforme con la Ley sobre Grandezas y Títulos Nobiliarios, la Constitución Española y el Real Decreto 1368/1987, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, "algo que evidentemente no era cierto porque no ostenta ningún título perteneciente a la aristocracia española".
La defensa del notario marbellí trató de convencer a los magistrados de que se limitó a trasladar los estatutos de la Order of the Royal Honor -que atribuían a su presidente, Pleguezuelos, el tratamiento de Príncipe de Marbella-, pero el tribunal rechazó sus argumentos y pone énfasis en la fácilmente imaginable "trascendencia pública e, incluso, jurídica" de su declaración. Máxime, añade, cuando es evidente el "afán de notoriedad pública" de Pleguezuelos, que en su página web llegaba a utilizar fotografías del salón del trono del Palacio Real.
Asimismo, reprochan al notario que se percatase del "plan" urdido por el falso príncipe, que comenzó, explica la sentencia, con la constitución de una asociación en la que se atribuía a su presidente -a Pleguezuelos- el título vitalicio de un "principado inexistente", llegando a acceder a la publicación en el BOE del anuncio.
Antonio Pleguezuelos, que ha sido defendido por el letrado Pedro Yarza, podrá seguir presentándose en su tarjeta de visita como Príncipe de Marbella, aunque el Principado de Marbella no sea más que una ficción que solo existe en sus redes sociales y en una web.