Un total de 218 familias residentes en Sevilla capital recibieron este lunes las llaves de su nueva vivienda pública en régimen de alquiler de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde Sevilla, José Luis Sanz. Los felices beneficiarios de los inmuebles -construidos por Emvisesa (la empresa municipal de la vivienda) y cofinanciados por el Gobierno y la Junta- se vieron sorprendidos por el importante despliegue institucional en un acto que, en el pasado, presidía, si acaso, el concejal del área.
La escalada de precios de la vivienda y el malestar de los ciudadanos por la falta de pisos asequibles en el mercado ha colocado el asunto en la agenda política a todos los niveles, de ahí que la ceremonia celebrada este lunes en Sevilla se convirtiera en un paseíllo de políticos presumiendo de su gestión.
En el caso del Gobierno, el desembarco en Sevilla coincide, además, con la operación puesta en marcha para arropar a María Jesús Montero en su carrera por la recuperación de la confianza del electorado andaluz, empeño para el que Sánchez parece haber puesto a su disposición la eficacísima herramienta del Boletín Oficial del Estado (BOE), sobre todo, tras constatar en algunas encuestas que su elección como secretaria general no está teniendo, de momento, los resultados deseados.
El Gobierno ha dado un giro de 180 grados a su estrategia con Andalucía en el último año. Si durante meses cuestionó la viabilidad de proyectos estratégicos para la comunidad, como el tren de la costa del Sol o la conexión por AVE entre Sevilla y Huelva, recientemente los obstáculos que parecían insalvables han ido cayendo. El pasado 31 de enero, por ejemplo, Óscar Puente anunció que el Gobierno va a licitar la redacción de los tramos de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla antes de que acabe marzo, con un presupuesto de 1.608 millones. En julio de 2024, había descartado esa opción por su enorme coste.
También rectificó en relación al tren del litoral de Málaga, del que afirmó que no había «ni un papel en el Ministerio de Transportes sobre el que trabajar», pese a que sus antecesores habían llegado a elaborar un primer proyecto. Sólo unos meses después, se comprometió a hacerlo realidad «más pronto que tarde».
Posteriormente, fue la propia Montero la que echó manos del BOE para publicar, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, una declaración de «interés público» que afecta a la parcela sobre la que se levanta el hotel del Algarrobico. La iniciativa pretende agilizar una demolición aplazada indefinidamente por la negativa del Ayuntamiento de Carboneras a anular la licencia concedida en su día. Pero, también resulta curioso que el Gobierno anunciara esta nueva estrategia sin trasladarlo antes a la comisión mixta en la que se sienta junto a la Junta, y en la que se descartó la expropiación por su complicación jurídica.
Otro proyecto que podría recuperarse es el del pantano de Alcolea (Huelva), según ha avanzado días atrás Diario de Sevilla, que apunta a un acercamiento entre el Gobierno y la Junta para desbloquear una infraestructura cuya construcción se paralizó por un problema con la empresa adjudicataria. Las dudas expresadas en varios informes científicos sobre la calidad del agua que almacenaría el pantano por efecto de la actividad minera parecían haber condenado el proyecto. Pero el Gobierno parece ahora dispuesto a invertir en la recuperación ambiental de la cuenca del río Odiel y reactivar, en paralelo, la obra de la presa.
Por último, el Gobierno se ha descolgado con una «generosa» oferta a la Junta para reducir en 18.781 euros su deuda, superando en términos absolutos la cuantía que se asumiría en Cataluña. Intenta así neutralizar el discurso del PP sobre el trato de favor a la Generalitat.
«¿Es viable que la líder del PSOE andaluz sea, al mismo tiempo, vicesecretaria federal del partido, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda?», preguntó EL MUNDO a la portavoz del PSOE-A, María Márquez, en la entrevista publicada el pasado sábado. «Es positivo. La hemos elegido por eso», respondió. El PSOE considera cree que el peso de María Jesús Montero en el Consejo de Ministros es una ventaja para su apuesta electoral y está dispuesto a demostrarlo sin disimulos en el BOE.