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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La medida estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visto la luz después de 11 meses de negociaciones solventadas con el único apoyo de los sindicatos y el rotundo rechazo de la patronal, ha superado el complejo examen en el seno del Ejecutivo tras un intenso tira y afloja con el Ministerio de Economía, pero todavía tiene por delante una ardua negociación parlamentaria.
Preguntada al respecto de las negociaciones con los distintos grupos políticos para lograr su apoyo a la medida, la vicepresidenta ha puesto el foco en el Partido Popular, a quien ha retado a "aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con sus trabajadores". "Los 137 diputados tienen que decidir si se reconcilian o van a cometer el mismo error que con la reforma laboral", ha indicado Díaz.
Aunque ha evitado referirse directamente a Junts y especificar si se ha abierto ya la carpeta de la reforma laboral en las constantes y complejas negociaciones con los de Carles Puigdemont, Díaz ha indicado que espera que "Cataluña dé lo mejor de sí misma" en esta negociación y ha hecho referencia a su "tejido empresarial moderno". "Estoy convencida de que hay margen porque la medida está ganada en la calle, es muy difícil buscar razones para tumbarla", ha sentenciado.
Tras sellar la paz en el Consejo de Ministros, Díaz y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, se han manifestado al unísono sobre la necesidad de negociar con todas las formaciones políticas para sacar adelante esta medida en el Congreso. Y de hacerlo con una sola postura de Gobierno. Pese a que Cuerpo ha venido defendiendo que se debe poner en marcha un plan de acompañamiento para que las empresas, en particular las de menor tamaño, puedan adaptarse a la jornada de 37,5 horas de forma paulatina y teniendo en cuenta las particularidades de los sectores. "La negociación parlamentaria no va a ser fácil, pero vamos a poner todos los esfuerzos", ha indicado el ministro de Economía, que ha insistido en que no se van a marcar "líneas rojas" en este proceso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ambos han celebrado los "avances en derechos", coincidiendo con un contexto de mejora de las previsiones económicas y de creación de empleo para los próximos años. En este sentido, la titular de Trabajo, que ha pilotado las negociaciones con los agentes sociales, ha sido la responsable de explicar la letra pequeña de la reducción de la jornada. "No es una variable económica o laboral más, es muchísimo más importante", ha indicado.
En defensa de su medida estrella para esta legislatura, Díaz ha asegurado que el recorte de la jornada de trabajo sin merma salarial va a beneficiar a 12 millones de personas y va a servir no sólo para "vivir mejor y trabajar menos", sino también "para ser más productivos y eficientes económicamente". En este sentido, ha asegurado que desde la última reducción de jornada en el año 83 "la productividad ha crecido un 53%", aunque ha reconocido que persisten "diferenciales negativos". Y aquí ha señalado directamente a las empresas, al afirmar que mientras la productividad de los trabajadores se ha incrementado un 15%, la del capital ha decrecido un 21%. "Hay que señalar a quienes no están haciendo las tareas convenientes", ha enfatizado la vicepresidenta.
Con las empresas en la diana, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral va a permitir "democratizar los beneficios". Citando los registros del Banco de España, la titular de Trabajo ha cifrado en 5.877 millones de euros las ganancias extra que ha obtenido el sector de la hostelería desde la pandemia, en 56.125 millones de euros lo que está ganando de más el comercio respecto al año 2019, en 3.896 millones los beneficios de la construcción o en 2.611 millones los de la agricultura y ganadería. "Hay que redistribuir la productividad y equilibrar los beneficios", ha zanjado.