El Gobierno conocía las conclusiones del análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el mutualismo administrativo desde el pasado mes de diciembre, pero en el diseño de la nueva licitación de Muface en la que acabó disparando la prima para las aseguradoras un 41% hizo caso omiso de las advertencias del organismo que preside Cristina Herrero sobre las ineficiencias del sistema.
Así lo señaló ayer la propia Herrero durante la rueda de prensa en la que presentó los resultados del informe elaborado en el marco del Spending Review 2022-2026. Preguntada directamente sobre si el Gobierno conocía las conclusiones de su análisis antes de publicar la nueva licitación de Muface, la presidenta de la AIReF respondió con un tajante «sí», y explicó que remitieron una versión preliminar del informe en diciembre de 2024, pese a que podían haber demorado el plazo de entrega hasta seis meses respecto a mediados de octubre, que es cuando su equipo dispuso de toda la información necesaria.
«En la AIReF nos pensamos las cosas mucho», afirmó Herrero, para asegurar después que ese envío preliminar que el organismo realizó motu proprio se hizo «con la finalidad de ser útiles al Gobierno», poniendo en su conocimiento un documento que no entraba a determinar el importe óptimo de la prima, pero sí aportaba «hallazgos» y «propuestas a corto plazo» que, a juicio de la máxima responsable de la Autoridad Fiscal, «podían ser útiles» para negociar con las aseguradoras tanto el aspecto presupuestario como otras condiciones de los pliegos. «La adopción de decisiones, cuanto más informada esté, mejor será», apuntilló Herrero.
Sin embargo, en la AIReF han constatado que el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López y del que depende Muface no tuvo en cuenta ninguna de sus advertencias en el diseño de los pliegos del nuevo concierto para los próximos tres años. Y ello a pesar de que el informe, en su versión final de 196 folios, deja en evidencia importantes deficiencias del sistema, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar los sistemas de información sanitaria y la coordinación con la sanidad pública para mejorar la calidad asistencial o de impulsar la historia clínica digital, así como de optimizar los mecanismos de adquisición de medicamentos (que los centros privados facturan más caros), fomentar el uso de genéricos o acelerar la implantación de la receta electrónica.
Función Pública siempre ha desvinculado el informe de la AIReF de la licitación del concierto de Muface, sin embargo, en la Autoridad Fiscal consideran que el Ministerio debía haber tenido en cuenta sus recomendaciones, al menos, de cara a solventar esas deficiencias en el corto plazo. No tanto para las reformas estructurales que plantea el organismo a medio plazo y que supondrían un vuelco al modelo de mutualismo administrativo en España.
Y es que la AIReF ha propuesto dos revolucionarias reformas: por un lado, transformar la actual adscripción obligatoria en las mutualidades en un régimen voluntario; y, por otro lado, incorporar progresivamente a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud. Según explicó Herrero, la primera permitirá «racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas» al eliminar las aportaciones de quienes opten por abandonar el sistema mutualista. Mientras, la progresiva incorporación de los funcionarios a la pública, acompañada de un refuerzo de sus capacidades, «ayudaría a superar ineficiencias».
Cabe recordar que ese trasvase de mutualistas al sistema público de salud fue defendido por el Ministerio de Sanidad a finales de noviembre del año pasado, en plena crisis abierta en Muface por la negativa de las aseguradoras a adherirse al nuevo concierto. Precisamente, la ministra Mónica García valoró ayer que «el informe de la AIReF confirma lo que venimos defendiendo desde el Ministerio de Sanidad: el modelo de mutualismo es menos eficiente y equitativo, favoreciendo a aseguradoras privadas que priorizan beneficios».
Desde el sindicato de funcionarios CSIF advirtieron de que se opondrán «frontalmente a cualquier recorte de este modelo» y confiaron en que «el informe de la AIReF no sea utilizado como excusa por el Gobierno para desmantelarlo». «No aceptaremos que se ponga en cuestión, como ha hecho Sumar y ha sugerido el propio ministro de Función Pública», avisaron.