Las ayudas a la compra de vehículos eléctricos volverán a entrar en vigor casi a la vez que los aranceles al sector. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 'rescatar' este programa que decayó tras la no convalidación del decreto omnibus ante la caída de un 53% en los pedidos de eléctricos en el arranque del año.
El plan eso sí se convertirá en una prórroga del anterior, ya que el Gobierno no ha podido culminar la reforma que buscaba que las ayudas fueran de directa aplicación en el precio de los vehículos y ahorrar así la tardanza en la tramitación que viene arrastrando el programa y que causa frustración entre los clientes de híbridos enchufables y eléctricos. En total, la dotación de la tercera edición de Moves alcanzará los 400 millones de euro y tendrá también efecto retroactivo.
A diferencia de lo planteado inicialmente la ampliación de las ayudas no será únicamente hasta junio, sino que será hasta final de año, lo que, por otro lado, da a entender que el posible cambio en el sistema de ayudas no está próximo en el tiempo. Estas tendrán carácter retroactivo, que se ampliará también a las deducciones del IRPF por compra de eléctrico, que llegan hasta el 15% del precio de la adquisición.
Con todo, la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el programa incluirá "mejoras en la tramitación" para hacerla "muchísimo más ágil" de lo que venía siendo actualmente, ya que se habilitará con nuevos mecanismos para este campo a las Comunidades Autónomas, que son las encargadas del funcionamiento de Moves.
Así, los clientes que quieran adquirir un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o con pila de hidrógeno podrán recibir ayudas de hasta 7.000 euros en caso de que achatarre un viejo vehículo y de 5.500 en caso de que no.
La medida busca estimular la venta de vehículos eléctricos en un momento en que las opciones chinas están empezando a capturar cada vez una mayor cuota de mercado en Europa.
Medidas olvidadas
El Moves sale así de la lista de medidas que no se incluyeron en el pacto con Junts después de que el decreto económico de finales de año no fuera convalidado por el Congreso.
Entre ellas, se encuentra la moratoria contable, que permite no tener en cuenta las pérdidas que sufrieron las empresas en el covid de cara a entrar en causa de disolución y afecta a miles de pymes, así como las ayudas a la industria electrointensiva.