MIÉRCOLES
ÓMNIBUS
Supongo que a estas alturas, especialmente si usted está jubilado, ya tiene perfectamente claro de quién era la culpa de que no se fueran a revalorizar las pensiones. Incluso puede que tenga perfectamente claro de quién fue la culpa de que al final sí. También podría encontrarse con otro jubilado que crea que el culpable es otro, e incluso con otro jubilado que, por cuestiones de salud o desinterés, haya permanecido desconectado toda la semana, y abra el periódico con la convicción de que no ha pasado nada.
El decreto ómnibus afectaba a tantas cosas tan fundamentales para los ciudadanos que se llegó a un punto en que los ciudadanos ya no teníamos nada que ver. Parece que, en el universo Sánchez, nada se puede aprobar normalmente, aunque cuente con el apoyo de la oposición o, más bien, por culpa de contar con el apoyo de la oposición.
Cuando el Gobierno mete un paquete de medidas dentro del mismo decreto no resulta sencillo para un partido explicarle a la ciudadanía por qué uno no puede tragar con todas. Aunque más complicado es el caso de Junts, donde sus votos a favor o en contra de lo que sea nunca tienen que ver con lo que sea, haciendo que el debate se vuelva incomprensible, por no decir inexistente, y el país, ingobernable, que es la renta mínima que siempre se cobra Junts de cada debate.
Como suele suceder en estos casos, el presidente del Gobierno sale ganando siempre. Por supuesto si usted ya pensaba que la culpa de lo de las pensiones era del PP, pero también si pensaba que la culpa era del propio Sánchez, que como mínimo iba a poder ahorrarse unos euros con los que perfectamente podría aumentar el gasto militar que le pide Donald Trump, por ejemplo.
Si ya era difícil seguir los cambios de opinión de Pedro Sánchez, los periodistas añadimos ahora el problema de seguir los cambios de opinión de los populares. Porque que Sánchez rectifique, acabe troceando el ómnibus e incluso aceptando la cuestión de confianza de Junts a cambio de sus votos entra dentro de lo previsible. Lo que no se entiende es que ahora el PP, manteniendo el palacete del PNV y las medidas que protegen a los okupas, decida votar a favor cuando sus votos ya no son necesarios.
A mí lo único que se me ocurre es que nos estemos adentrando en una nueva estrategia de desgaste de Feijóo al Gobierno, que consiste insólitamente en aprobarle cosas a cambio de nada, con tal de que no tenga que recurrir a sus socios preferentes, que perderían la capacidad de chantajear al presidente del Gobierno.
JUEVES
FISCAL
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fracasa en su intento de demorar todo lo posible la investigación del Tribunal Supremo por la presunta filtración que hizo sobre el novio de Ayuso. Ahora lo más interesante será saber por qué, ya que quien lo sabe perfectamente es el presidente del Gobierno, de ahí su esfuerzo por mantener al fiscal general y convertir lo del novio de Ayuso en un tema de Estado.
En sus múltiples recursos y peticiones al Supremo, la Abogacía del Estado cae en casi todo lo que los ciudadanos aborrecemos de la justicia, como que sea lenta. Y en casi todo lo que aborrecemos de los políticos, y especialmente de Sánchez, como son sus contradicciones.
Mientras el Gobierno pide no basar investigaciones judiciales en informaciones periodísticas, García Ortiz pide que declaren dos periodistas que una vez opinaron en un periódico que era inocente.
Confieso que ya creía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no podía perjudicar más la imagen de la justicia, pero nunca hay que perder la esperanza. No es ya que acepte seguir en el cargo, que ya es suficientemente humillante, sino el desprestigio que exhibe cada vez que abre la boca, y ya no digamos cuando la cierra. Como ejemplo de esta segunda, su no declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo.
El primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España ya renunció a ser un ejemplo de lo que significa ser un fiscal general, y ahora presenta su renuncia a ser un ejemplo de lo que significa colaborar con la justicia, negándose a contestar al juez. E incluso a ser un ejemplo de compañero, insultado a un magistrado al que acusa de no querer encontrar la verdad, que es lo que jurídicamente se denomina prevaricar. El desprestigio que supone que siga en el cargo parece querer diluirlo tratando de desprestigiar a todos los jueces.
Precisamente, la falta de colaboración de García Ortiz sirve para mostrar que si alguien pretende que no sepamos la verdad en la causa de la filtración del novio de Ayuso es él. Dejando que la justicia de nuestro país afronte el insólito desafío de tratar de hacer su trabajo, a pesar del boicot de, nada menos, que el fiscal general de todos los españoles.