La renuncia del presidente del Gobierno a presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) constituye una anomalía democrática inédita y evidencia que la confianza expresada por el Parlamento en su investidura ya no existe. Por una parte, estamos ante un abuso de la legislación que, tal como informamos hoy, cabe recurrir al Tribunal Constitucional. Por primera vez, la Ley de Cuentas del Estado -que se prorrogaría así dos veces- fue aprobada en una legislatura anterior ya extinguida, con una composición parlamentaria distinta, en la que el partido gobernante ya no es ni siquiera el mayoritario. Por otro lado, la presumible incapacidad del Ejecutivo para conseguir el respaldo parlamentario debería abocarlo a un adelanto electoral. No hay mayor evidencia de su debilidad política. El propio Pedro Sánchez pidió sacar las urnas desde la oposición cuando las cuentas se prorrogaron o tardaron en aprobarse. Y en 2019, tras prosperar la moción de censura y el no de ERC a sus cuentas, convocó elecciones: «El presupuesto es una propuesta de país», dijo entonces, «teníamos que presentarlos. No salieron adelante. Llámenme clásico, pero sin Presupuestos no se puede gobernar». Nada hace pensar que hoy recuerde aquellas palabras.
El Gobierno y sus altavoces mediáticos insisten en menospreciar los efectos de prorrogar los Presupuestos actuales. «Son muy buenos», ha llegado a decir el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que el pasado jueves Sánchez presentase como un ejercicio de «estabilidad» la prórroga presupuestaria, cuando en realidad refleja la inestabilidad del bloque de investidura. La anomalía es gravísima. Primero, porque la ley obliga al Ejecutivo a someter sus cuentas al escrutinio del Congreso al menos tres meses antes de la expiración de las cuentas del año anterior. Y el plazo ya ha expirado. Segundo, porque los PGE son el pilar de la política económica de cualquier país. ¿Acaso las urgencias económicas de España son las mismas hoy que en 2022, cuando se elaboraron estas cuentas? Sin Presupuestos, no se cumple con las reglas europeas, los gastos financieros de transacción aumentan y el Gobierno se ve obligado a alterar créditos. Y sin Presupuestos ni se puede hacer frente a reformas de calado domésticas -algunas urgentes, como la de vivienda- ni a los compromisos comunitarios: asumir el desembolso necesario para aumentar el gasto de Defensa que exige Bruselas requiere unas cuentas robustas, no artimañas contables. La fragilidad interna de Sánchez se traduce en la debilidad exterior de España, cada vez más alejada de la influencia que le corresponde en la construcción de la nueva Europa.
El presidente no cuenta con la confianza ni de su socio de coalición. Con acierto, los nuevos dirigentes de Sumar le han recordado que «la obligación es intentar presentar» los Presupuestos. Pero el plan de Sánchez es continuar sin actualizar las cuentas públicas: fiarlo todo a la macroeconomía, a la «desescalada» con Carles Puigdemont -seguir mercadeando leyes a cambio de cesiones- y al salvavidas de Vox, agitando el muro para resistir.
Hurtar el debate parlamentario sobre los Presupuestos es hurtárselo a la ciudadanía. El Gobierno presume de tener la mayoría social, pero esta se mide en el Congreso. Y en las urnas.