La juez de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso ha reclamado al juzgado de guardia de Vitoria que investigue la presunta 'huelga encubierta' protagonizada por 73 funcionarios de la cárcel de Zaballa que se encuentran desde el pasado 4 de diciembre de baja médica. Alonso considera que pueden haber cometido un "ilícito penal" después de ser denunciados por el director de la prisión Benito Aguirre. La presión judicial contra los trabajadores se produce cuando todos los sindicatos denuncian la falta de plantilla y después de tres años en los que los trabajadores han realizado miles de horas extra para asegurar los derechos de los reclusos desde octubre de 2021.
La juez ordena en su auto a la Administración vasca que adopte "medidas urgentes" para que no se "vulneren" los derechos de los presos y que adopte "medidas disciplinarias" contra los funcionarios en baja laboral.
El "caos" de las prisiones vascas, como hoy ha denunciado el presidente de ACAIP José Ramón López, comenzó con su transferencia al Gobierno vasco sin su negociación previa con el PNV. Según ha dado a entender el presidente nacionalista Andoni Ortuzar, el traspaso fue una concesión de Pedro Sánchez a EH Bildu y completar con beneficios penitenciarios el acercamiento de los etarras al País Vasco y a Navarra. Pero ni el PNV desde 2021 ni el PSOE vasco desde julio de 2024 han solucionado una falta de personal que ha alimentado un contencioso laboral insólito.
Según consta en el auto redactado por la juez Alonso al que ha tenido acceso EL MUNDO, el propio director de Zaballa denunció a 73 de sus trabajadores. La jueza señala que las bajas solicitadas están provocando "que se vean vulnerados los derechos de la poblacion reclusa, por cuanto que hasta la fecha, se les esta imposibilitando la formacion y educacion, acudir a talleres y a mantener el contacto con el exterior, viendose suspendidas las comunicaciones [de los reclusos]". En Zaballa, la prisión más moderna y amplia del País Vasco, cumplen sus codenas alrededor de 700 presos y entre ellos medio centenar de etarras.
La dirección del centro ha decidido suspender todos los permisos y vacaciones previstos en estas semanas y el Departamento de Justicia ha activado hoy miércoles la contratación urgente de interinos que deben incorporarse mañana jueves a sus puestos de trabajo en Zaballa. Estos trabajadores interinos -sin ninguna experiencia penitenciaria- forman parte de una bolsa laboral activada por el PNV cuando gestionaba las tres cárceles vascas.
Sin embargo, en el nuevo Gobierno vasco de Imanol Pradales el área de prisiones fue asumido el pasado mes de julio por la consejera socialista María Jesús San José. "El modelo penitenciario vasco no existe", ha denunciado hoy López (ACAIP-UGT). Este sindicato fue el único que en octubre de 2021 avaló con su firma las "condiciones provisionales" que asumían los casi 600 funcionarios que fueron transferidos. Tres años después, San José quiere prorrogar por otros seis meses más estas condiciones de forma unilateral mientras los funcionarios ya se niegan a seguir trabajando horas extras y recurren a bajas médicas ante el estrés laboral de jornadas que se prolongan incluso más allá del límite legal de las 48 horas en sus funciones.