Los números no cuadran y el PP vasco le ha exigido al Gobierno de Imanol Pradales una gestión "rigurosa y eficaz" de las más de 65.000 viviendas sociales que hay en Euskadi. La parlamentaria 'popular' Ana Morales ha advertido que hay 80.000 vascos que demandan una vivienda en alquiler mientras la sombra del fraude se expande sobre miles de pisos. Según la información aportada por el Departamento de Vivienda, en 2024 sus inspectores detectaron 1.102 "irregularidades iniciales" -récord en los últimos años- a pesar de que rebajaron un 30% sus pesquisas y acabaron sancionando solo a 7 infractores.
"El Gobierno vasco debe tener una actitud más proactiva contra el fraude en el alquiler de pisos sociales y más compromiso con una serie de medidas disuasorias", ha reclamado Morales que ha utilizado los datos que había requerido al Departamento de Vivienda para mostrar una contradictoria gestión del control público. Según la respuesta parlamentaria del consejero Denis Itxaso, el número de inspecciones se ha reducido desde 2022 al 2024 (de 9.872 a 7.178). Casi 2.700 investigaciones sobre el uso de viviendas protegidas en apenas dos años de diferencia y cuando el incremento del precio de la vivienda presiona a los propietarios e inquilinos hacia el enriquecimiento fácil.
El descenso de las investigaciones no supone una caída similar en los presuntos fraudes sino que, por el contrario, se han pasado de los 416 (2022) al récord de 1.102 irregularidades. Pero tampoco la lógica se impone al convertir el incremento de las irregularidades detectadas con las sanciones impuestas a los defraudadores. Si en 2022 se interpusieron 44 multas -algunas superiores a los 18.000 euros- en 2024 el número de sanciones cayó en picado para situarse en 7. De esta manera, solo 1 de cada 200 presuntos fraudes tienen una penalización económica.
"Los 80.000 vascos que están a la espera de un piso social de alquiler no entenderían que se relaje la inspección y lucha contra el fraude", ha advertido Morales que pretende que el Parlamento Vasco se posicione ante la realidad que constatan los datos del Departamento de Hacienda. Además, como ya ha hecho el vicelehendakari socialista Mikel Torres con el cobro de las ayudas sociales, Morales plantea la creación de un buzón antifraude para localizar estos pisos de VPO con usos diametralmente opuestos a los objetivos sociales que persiguen.