La bronca en el seno del Gobierno por la tributación por IRPF de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) podría convertirse en una nueva grieta por la que pierda fuerza el liderazgo de María Jesús Montero como secretaria general del PSOE andaluz. De eso están convencidos en el PP de Juanma Moreno, que no ha tardado en alinearse con las tesis de Sumar en el conflicto, señalando a la ministra de Hacienda y vicepresidenta segunda por «exprimir a los mileuristas» con los impuestos.
No es un ataque más en la estrategia de confrontación. El PP sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo mucha dificultad en explicar cómo es posible que casi la mitad de la subida del sueldo de los mileuristas acabe en las arcas del Estado. Y cree que la ministra Montero es la que va a sufrir más desgaste por esa decisión, justo en vísperas del congreso regional del partido (los días 22 y 23 de febrero, en Armilla, Granada) que la va a consagrar como nueva lideresa de los socialistas andaluces. Por eso, el Gobierno andaluz se viene despachando generosamente desde el martes en contra del «afán recaudatorio» de la ministra. El último en hacerlo ha sido este jueves el presidente de la Junta de Andalucía quien criticó «la improvisación, la falta de diálogo y la falta de sensatez del Gobierno», además de subrayar la «división interna» en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El PP andaluz cree que este asunto puede contribuir a minar el liderazgo de la ministra en Andalucía, la comunidad en la que el número de trabajadores que cobran el SMI es más elevado, por ser precisamente la región con el PIB per cápita más bajo de España. Además, la polémica le permite a los populares abundar en esa imagen de un PSOE obsesionado con recaudar impuestos frente a un PP que repite esa máxima del liberalismo económico de que «el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos». Desde el cambio político, el PP andaluz se jacta de haber convertido el «infierno fiscal que el PSOE había dejado en Andalucía» en la segunda región con menos impuestos de España, sólo por detrás de Madrid.
Antes incluso de que el PP alcanzara la presidencia de la Junta, la propia María Jesús Montero (entonces consejera de Hacienda en Andalucía), tuvo que ceder ante las presiones de Ciudadanos y, tras una ruidosa campaña del PP, para aumentar sustancialmente las bonificaciones al Impuesto de Sucesiones, en contra -según admitió- de sus principios ideológicos. Aquella campaña (en 2017) generó una ola de rechazo popular al Impuesto de Sucesiones, pese a que sólo tenía que pagarlo una minoría de rentas medias y altas, pues ya estaba bonificado, en el caso de los familiares directos, para las herencias de hasta 250.000 euros (por heredero). Y, sin embargo, el PSOE andaluz se vio incapaz de convencer a sus votantes de su utilidad como herramienta para la distribución de la riqueza.
La ministra Montero sabe, por tanto, hasta qué punto el debate fiscal puede resultar correoso. A diferencia de lo que ocurrió con el Impuesto de Sucesiones, en este caso, los contribuyentes que tendrán que empezar a tributar tras beneficiarse del incremento del SMI son los de rentas más bajas, con lo que al PSOE le va a resultar mucho más complicado justificar su posición, que ha provocado el rechazo de partidos situados a su derecha y a su izquierda.
La 'mochila' de la ministra y el desbloqueo de proyectos
La cuestión fiscal y el enfrentamiento por la tributación del SMI se suma a otras servidumbres que tiene que gestionar María Jesús Montero por ser miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. Esa «mochila» arrastra también el peso de las cesiones al separatismo catalán y la previsible ruptura del régimen general de financiación para permitir que Cataluña gestione íntegramente sus impuestos.
Todas esas componendas sirven en bandeja al Partido Popular el discurso de que Montero mira más por los intereses de Sánchez y del PSOE que por los de los andaluces.
Pero formar parte del Ejecutivo tiene también sus ventajas, como se ha demostrado en las últimas semanas, cuando la ministra de Hacienda ha hecho gala de su capacidad de influir para desbloquear proyectos paralizados durante años en Andalucía, como la conexión de alta velocidad entre Sevilla y Huelva o la demolición del hotel del Algarrobico, anunciada por Montero a pie de playa, tras romper los consensos que había con la Junta al respecto.