La oferta del Gobierno a los regantes del entorno de Doñana para que abandonasen sus cultivos a cambio de ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea generó enormes expectativas entre los agricultores, hasta el punto de que el Gobierno amplió el presupuesto destinado a la reconversión hasta los 28 millones de euros. Sin embargo, a menos de un mes de que se publique la convocatoria definitiva, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha alertado sobre la enorme incertidumbre que rodea el plan, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) no ha respondido a las alegaciones planteadas y, por tanto, temen que muchos de los que mostraron su interés en acceder a la renaturalización de los suelos no tengan finalmente derecho a las ayudas, lo que impediría darle una solución definitiva al problema.
Las dudas planteadas tienen que ver principalmente con el anuncio hecho por el Gobierno en su día de que se dejará fuera del plan a quienes tengan algún tipo de sanción pendiente por extraer agua del acuífero de Doñana a través de pozos ilegales. El Ministerio informó al respecto de que se sacarán varias convocatorias sucesivas con la intención de dar margen a los regantes para saldar esas multas y, en su caso, cerrar voluntariamente los pozos. Pero los agricultores no acaban de ver claro cómo se pretende dejar fuera de la solución a quienes son parte principal del problema. "Es como si te negaran una ayuda del Plan Renove para comprar un vehículo nuevo por el hecho de tener una multa de tráfico", afirma el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana, Manuel Mora, en conversación con EL MUNDO. "La administración tiene mecanismos suficientes para garantizarse el cobro de esas multas sin poner en riesgo el pacto por Doñana", añade.
Los regantes consideran un despropósito el "acoso" que están sufriendo en los últimos meses por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no ha frenado las denuncias contra los pozos ilegales pese a que, en sólo unos meses, esos pozos podrían cerrarse de forma voluntaria por parte de quienes los utilizan si la convocatoria de ayudas resulta exitosa.
La Plataforma dice sentirse "engañada" por el Gobierno y por la Junta porque, a día de hoy, sigue sin conocer quiénes van a poder acogerse a las ayudas. Además, lamenta que las indemnizaciones tengan carácter "revisable" durante 10 años, porque eso impedirá a sus beneficiarios negociar con los bancos un posible adelanto de los fondos. "Estamos de acuerdo en que, si se produce un incumplimiento por parte del agricultor, el Gobierno pueda pedir la devolución de lo cobrado. Pero, para eso, ya existen los mecanismos de reintegro. Lo que no tiene sentido -apunta- es introducir "un margen de incertidumbre" tan amplio que deje a los agricultores sin opciones de negociar un adelanto de los pagos con las entidades crediticias.
También desconocen los regantes si, además de los propietarios y los arrendatarios de tierras, tendrán derecho a ayudas igualmente quienes tienen sus cultivos en terrenos municipales sujetos a canon.
Hay otras cuestiones pendientes como el reagrupamiento de parcelas (la zonificación del Plan de la Corona Norte convierte en un puzle la relación de fincas) o la eliminación de los errores cartográficos por las diversas comisiones de seguimiento, que "siembran la incertidumbre entre los agricultores".
Mientras tanto, la "presión constante" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "no aporta soluciones a este galimatías", sino que "viene a desviar la atención sobre las graves omisiones e incumplimientos del Plan Doñana, especialmente la Ley del Trasvase, que vendría a solucionar todos los problemas de la comarca".
Volver a la línea de partida
Para los componentes de la Plataforma, "el consenso en torno al pacto de Doñana está roto" y son muchas las voces que quieren volver a plantear una Proposición de Ley en el Parlamento Andaluz, "volviendo a la línea de partida y estableciendo la resistencia a ultranza como única alternativa".
Como se recordará, el pacto en torno a la reconversión de cultivos en Doñana se cerró tras meses de bronca política por una Proposición de Ley presentada en el Parlamento andaluz por parte del PP y de Vox para legalizar hasta 700 hectáreas de regadío ilegal. Se justificaba entonces esta iniciativa en base a los "errores" detectados en el Plan de la Corona Norte de Doñana, de 2014, que dejó fuera "de forma injusta" a muchos agricultores que tenían "derechos de riego históricos".
La alarma que esa propuesta generó en la Unión Europea -que había sancionado previamente a España por no poner freno al expolio del agua del acuífero de Doñana- obligó al Gobierno y a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar una solución alternativa para los agricultores y a poner sobre la mesa un plan de inversión en el entorno por valor de 1.400 millones de euros, a razón de 700 euros por cada administración.
Entre las medidas incluidas en el Pacto por Doñana, se incluía un plan para reconvertir buena parte de los cultivos. Los agricultores del entorno de Doñana podrían cobrar hasta 100.000 euros por hectárea por devolver el terreno a su estado natural mediante su reforestación o renaturalización, pero también por la reconversión de las explotaciones en cultivos de secano o ecológicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, (hoy vicepresidenta de la Comisión Europea) sellaron el acuerdo en Almonte (Huelva), en noviembre de 2023, tras recibir el plácet de los regantes del Condado, que habían aprobado previamente por unanimidad la propuesta.
Las bases, en las "próximas semanas"
A raíz de la amenaza expresada este lunes por los regantes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asegurado que la orden de bases de las ayudas para la renaturalización de cultivos en Doñana se publicará en las próximas semanas y ha recordado que se ha aumentado su cuantía hasta los 28 millones.
Fuentes del Ministerio aseguran que, "como es lógico, las convocatorias de ayudas se rigen por la Ley General de Subvenciones, por lo que podrán optar a ellas quienes cumplan con los requisitos establecidos en este marco legal". "Los detalles se conocerán una vez se publique la orden de bases", apuntan.
Esas mismas fuentes recuerdan que el Marco de Actuaciones para Doñana ya tiene en ejecución más del 40% de los 706 millones de euros destinados a recuperar "la catedral de los humedales europeos", apenas un año y medio después de su anuncio.
"La orden de bases de las ayudas para la renaturalización de cultivos se publicará en las próximas semanas, tras un proceso de participación pública en el que todos los sectores afectados, incluidas las asociaciones agrícolas, han podido presentar sus propuestas", afirma el Gobierno. "Este proceso de consulta es fundamental para garantizar el éxito de las ayudas", ha añadido.