- Crónica El hombre que no estuvo allí
La Fiscalía ha presentado un escrito en el que se opone a que los ocho policías que supuestamente realizaron los seguimientos al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva declaren como testigos en la causa que se instruye para conocer si el jefe de la Policía Nacional que le investigó basó sus acusaciones en pruebas falsas, como sostienen el propio Oliva y su antiguo número dos al frente de OCON-Sur, el grupo antinarcos del Estrecho.
Ambos mandos de la Guardia Civil se querellaron contra él tras archivarse un caso en el que se les acusó de estar protegiendo a los miembros del clan los Ariza, una organización de narcotraficantes de Tarifa (Cádiz). En su querella, David Oliva y su compañero sostienen que dichas acusaciones se basaron en «pruebas falsas y maliciosas» que sólo buscaban la desarticulación del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, como acabó ocurriendo.
En un escrito al que EL MUNDO tiene acceso, presentado el pasado 22 de enero al Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, la fiscal Cristina Jiménez Casso reitera que «no ha lugar» la práctica de dichas comparecencias como testigos de esos ocho agentes y añade que «en absoluto resulta necesario» citarlos para que expliquen si ellos realizaron o no aquellos seguimientos.
En principio, esos policías nacionales están citados a declarar ante el juez instructor el próximo 12 de febrero, la semana próxima, aunque habrá que conocer la respuesta que el magistrado dé a la petición del ministerio fiscal. El testimonio de esos ocho agentes puede resultar clave para conocer si, realmente, esos seguimientos se llevaron a cabo o no. El policía investigado, quien habría coordinado a ese grupo de compañeros, declaró el pasado 22 de enero, el mismo día que la fiscal presentó su escrito, horas más tarde. El investigado se limitó a leer un escrito con su declaración. Sostuvo que los seguimientos son ciertos y que se realizaron por los agentes llamados a declarar, por lo que dejó en ellos la responsabilidad y certeza de las vigilancias.
El abogado José María Ramírez, quien ejerce la defensa de David Oliva, ha elevado al juzgado un escrito oponiéndose a la petición de la Fiscalía. El letrado considera que la solicitud del ministerio público de que no declaren esos ocho agentes carece «del más mínimo sentido, salvo que la finalidad perseguida sea la de obstaculizar o entorpecer la presente instrucción y, por tanto, que no se constate la comisión de hechos de naturaleza delictiva especialmente graves y cometidos por funcionario público».
En septiembre de 2022, semanas antes de que saliera a la luz la imputación fallida de David Oliva y su antiguo número dos al frente de OCON-Sur, el Ministerio del Interior desmanteló de manera abrupta y sin dar explicaciones oficiales dicho grupo antinarcos, creado de manera expresa a mediados de 2018 para combatir a los grandes clanes de la droga instalados en Andalucía. En sus 348 operaciones —una cada cuatro días, aproximadamente—, fueron cayendo los grandes narcos del sur y sus bandas: Antonio el Castaña, Kiko el Fuerte, Jesús el Pantoja...
El balance que dejaron las actuaciones de este grupo fue notable: un millón de kilos de hachís intervenidos, 35.000 kilogramos de cocaína, 2.622 coches y 1.137 embarcaciones aprehendidas, 12.813 detenciones, 301 millones de euros intervenidos. Los traficantes le tenían tanto odio al teniente coronel David Oliva que en sus chats privados de móvil alguno ofrecía «400.000 euros» para quien lo matara.
La investigación de la Policía Nacional que llegó a la Audiencia Nacional fue conducida por un jefe de grupo de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional. Pero no tenía solidez, a ojos del juez instructor. Se basaba en meras conjeturas, concluyó, en acusaciones sin avalar mediante seguimientos que podrían no haber sido realizados y a través de supuestos indicios sustentados en errores, como acusar al teniente coronel Oliva —por entonces, aún comandante— de estar en una barbacoa junto a narcos cuando, en realidad, se encontraba de servicio y la geolocalización de su teléfono móvil lo situaba lejos de allí, o como usar las mismas fotos de la ubicación de una furgoneta sospechosa o de un vehículo oficial de la Guardia Civil en dos seguimientos distintos separados en el tiempo varios meses.
En su informe al juez de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional también omitió, por ejemplo, que el OCON- Sur llevó a cabo una investigación judicial contra los líderes del clan los Ariza —tres de ellos, los jefes, acabaron detenidos— o que se les incautaron 1.442 kilos de hachís.
El policía ahora investigado y que en su momento instruyó las diligencias de aquella causa que acabó archivada, también se equivocó al señalar una supuesta reunión en Tarifa entre un presunto narco y el otro teniente imputado. El día que señaló el investigador policial, uno estaba en un hotel en Lisboa —existe factura del establecimiento— y el otro no se acercó en todo el día a menos de 100 kilómetros de esa localidad, tal y como acreditó un informe pericial presentado por las defensas de ambos.
Sin embargo, pese al archivo de la causa principal en la Audiencia Nacional, aquel informe del supuesto vínculo de Oliva y un teniente de la Guardia Civil con los Ariza ya había llegado a manos del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, que desde 2019 tenía abierta una carpeta, Varea, con las supuestas informaciones comprometedoras que llegaban sobre David Oliva a los agentes que se dedican a escrutar los movimientos de sus compañeros.
Aquel trasvase de información entre cuerpos se produjo el 24 de noviembre de 2021, durante una reunión en Madrid entre representantes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional y miembros del SAI. Ese encuentro desembocó en la apertura de una pieza separada en los juzgados de Parla (Madrid). Allí sigue viva una acusación contra Oliva por, presuntamente, incorporar a un agente de Asuntos Internos a OCON-Sur a cambio de obtener información privilegiada sobre la investigación que en ese momento se le estaba realizando a él.
El pasado 16 de enero, el grupo parlamentario del PP presentó una solicitud de comparecencia en el Pleno del Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones acerca de las razones para desarticular el OCON-Sur.
«Ahora conocemos que se cerró con base en datos falsos y que el propio Ministerio del Interior avaló dichos informes. Ahora un juez ha imputado al autor de los informes», decía la solicitud, firmada por Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares.
La petición fue admitida, por lo que sólo resta que la presidencia de la Comisión de Interior ponga fecha a la comparecencia del ministro.