El empeño del Gobierno en no adaptar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ajustar la progresión de la figura tributaria a la evolución del coste de la vida y evitar ahondar en la pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes implica un duro castigo fiscal para la clase media después de tres años de espiral inflacionista. Frente al desahogo aprobado por comunidades autónomas como Madrid, Aragón, Canarias, País Vasco o Navarra, que han deflactado el impuesto, el Gobierno central sigue sin tomar esta medida que supondría un cuantioso ahorro para muchas familias de cara a la próxima campaña de la renta.
En concreto, deflactar la tarifa implicaría un ahorro fiscal de hasta 234,58 euros para una renta del trabajo de 30.000 euros. Es la cantidad que correspondería a un contribuyente en Extremadura si el Gobierno decidiese adaptar el impuesto al Índice de Precios de Consumo (IPC) acumulado de 2022, 2023 y 2024. Si el impuesto se adaptase al incremento del salario medio este año, del 3%, el ahorro para este contribuyente extremeño sería de 62,83 euros. Y si la deflactación se llevase a cabo en función únicamente de la inflación de 2024 (1,8% en octubre), el alivio sería menor, de 37,70 euros.
Son los cálculos que ha actualizado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE), para varios niveles de renta (25.000, 30.000, 45.000, 70.000 y 350.000 euros) y por comunidades autónomas, resultando siempre la más beneficiada de la adaptación del IRPF Extremadura, pero también la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía o Aragón. Los contribuyentes de todas las autonomías, sin grandes diferencias, tendrían un alivio en su declaración de la renta de este año, que arrancará la próxima primavera, si el Gobierno deflactara el impuesto, según los cálculos de los asesores fiscales.
En función de esas mismas adaptaciones, el ahorro para una renta de 45.000 euros alcanzaría los 388,25 euros en Extremadura o los 383,32 en Cataluña, por ejemplo. En el tramo de contribuyentes de 70.000 euros procedentes de rentas del trabajo, el alivio con la deflactación máxima de la tarifa al IPC de los últimos tres años variaría entre los 560,53 euros de Madrid y los 570,61 euros de la Comunidad Valenciana.
Estas cifras, puestas negro sobre blanco por los asesores fiscales en la actualización presentada en el marco del congreso anual del REAF que se ha celebrado estos días en Granada, sustentan la defensa acérrima que hace este colectivo de expertos de la deflactación del IRPF. Llevan años ya echando estas cuentas y la conclusión a la que han llegado es que, tras la pandemia y la fuerte recuperación económica, los ingresos tributarios se han disparado y el Gobierno debería considerar este ajuste automático para proteger los bolsillos de los ciudadanos, que han resultado muy castigados por la inflación pese al avance generalizado de la masa salarial.
CARGO A los parados
No es el único castigo que van a sufrir en su declaración de la renta las clases menos pudientes. El Gobierno, por iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a obligar a todos los parados a hacer la declaración de la renta a partir de este año. Y aunque desde el Ministerio han defendido que la medida sólo tiene un carácter de control, ya que se retirarán las prestaciones a los beneficiarios que no las declaren, y que no impactará en sus declaraciones de IRPF de manera negativa, lo cierto es que los cálculos efectuados por los asesores fiscales van exactamente en la dirección contraria.
Todos los parados que perciban en ayudas por desempleo, ya sean prestaciones o subsidios, más de 17.000 euros anuales van a sufrir un impacto negativo en su declaración de IRPF. La región más castigada es Cataluña, donde los parados van a tener que pagar hasta 178,27 euros en el caso de rentas de 18.000 euros. Los desempleados asturianos pagarán 151 euros y los aragoneses y murcianos, 123,73 euros en ambos casos. Mientras, las regiones menos castigadas en términos de IRPF por la obligación de presentar la declaración cuando se cobra el desempleo son Madrid, donde el pago se limita a 34,62 euros, Extremadura y La Rioja, con 41,91 euros.