Novedad en la mesa de negociación de diálogo social que aborda la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025. Los empresarios han llevado por primera vez una propuesta, que consiste en un incremento del 3%, hasta los 1.168 euros al mes, desde los 1.134 actuales. Pero el Ministerio de Trabajo la ha rechazado de inmediato porque, según el criterio fijado por el comité de expertos, esa cantidad sería insuficiente para cubrir el 60% del sueldo medio que pagan en estos momentos las empresas en España.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha valorado positivamente que CEOE y Cepyme hayan acudido a la cita de hoy con una cifra y ha interpretado este movimiento por parte de los empresarios como "el reconocimiento implícito de que las políticas de subida del SMI funcionan". Aun así, ha avanzado el rechazo del Ministerio no sólo a la cifra planteada sino también a algunos de los condicionantes a los que la patronal ha vinculado su eventual apoyo a un incremento.
Como en anteriores ocasiones, la patronal ha condicionado su firma en un pacto para subir el salario mínimo, principalmente, a dos cuestiones. Primero, a que el Gobierno modifique la ley de indexación para que el incremento se repercuta en los costes de los contratos públicos. Y segundo, a que se aprueben ayudas o bonificaciones al sector agrario, uno de los más afectados por la subida del SMI.
Respecto al primer punto, el Ministerio de Trabajo se ha posicionado a favor de indexar los contratos para amortiguar el impacto de los aumentos del SMI sobre las empresas que trabajan para el sector público. Sin embargo, es una medida que han rechazado de plano tanto Economía como Hacienda en numerosas ocasiones por sus repercusiones presupuestarias. Y sobre las ayudas al campo, Pérez Rey ha descartado poner en marcha bonificaciones a la contratación en sectores concretos porque es un planteamiento que tampoco comparten los sindicatos y que alejaría la posibilidad de un acuerdo tripartito.
Los sindicatos, por su parte, han insistido en la necesidad de que se ajuste el IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo se vean obligados a tener que tributar por primera vez por este impuesto. En este sentido, la portavoz de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha reclamado la puesta en marcha de ayudas fiscales o de mecanismos de compensación para evitar ese impacto. De nuevo, es una decisión de Hacienda, aunque el secretario de Estado de Empleo se ha mostrado a favor de que "paguen quienes más ganan".
Fernando Luján, de UGT, ha valorado positivamente la propuesta de CEOE porque, a su juicio, indica que los empresarios validan las subidas de los últimos años aunque no las hayan apoyado. Aun así, está muy lejos del planteamiento sindical, que reclama un incremento de entre el 5% y el 6% para situar el SMI en el entorno de los 1.200 euros. Y tampoco llega a la propuesta de Yolanda Díaz, que ha planteado un alza del 4,4%, lo que equivale a 50 euros al mes, para llevar esta referencia salarial a los 1.184 euros.
El Congreso tumba la prórroga del SMI
Los agentes sociales han dedicado buena parte de la reunión a debatir sobre lo acontecido en el día de hoy en el Congreso de los Diputados, donde han decaído medidas de calado como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o la propia prórroga del SMI vigente, por el rechazo de grupos como el PP o Junts.
En concreto, en lo que afecta al salario mínimo, los sindicatos han trasladado su preocupación, si bien el secretario de Estado ha garantizado que los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo están ya elaborando una serie de "pautas interpretativas" para evitar un vacío legal que afecte a los perceptores del SMI y que aclare la interpretación jurídica que evite que la actual cuantía de 1.134 euros decaiga porque no se considere en vigor la prórroga.
Tanto CCOO como UGT y el portavoz del Ministerio de Trabajo han cargado duramente contra el PP por tumbar el decreto que contenía estas medidas, incluida la prórroga del SMI o la revalorización de las pensiones públicas. Con todo, Pérez Rey ha pedido "tranquilidad absoluta". "Dictaremos las instrucciones precisas para evitar consecuencias negativas en el periodo que transcurra hasta que se suba definitivamente el SMI 2025", ha afirmado, aludiendo a que se van a acelerar todos los procesos para que el nuevo salario mínimo entre en vigor lo antes posible con carácter retroactivo desde el 1 de enero.