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La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas fija que la celebración de esta clase de eventos en espacios abiertos "requiere la previa obtención de autorización municipal". Establece además esta norma que, si para una celebración al aire libre se pretende instalar "estructuras eventuales, desmontables o portátiles", habrá también que pedir permiso al consistorio pertinente. Sin embargo, hay una fiesta para la que eso no se aplica, en la que miles de personas acampan anualmente de rave y montan hasta siete escenarios sin tener autorización. Y, año tras año -ya van tres-, no pasa nada.
La Big Fucking Party 2025 cumple hoy seis noches y seis días, extendiéndose por primera vez hasta Reyes, la fecha que se tiene como horizonte en cada edición de esta macrofiesta ilegal. La primera, en La Peza (Granada), cogió por sorpresa a vecinos y autoridades un 30 de diciembre de 2022 y se alargó durante cinco noches, hasta el 4 de enero. La siguiente, que se desplazó a Fuente Álamo (Murcia), duró una jornada más, hasta el 5. Los días han ido en aumento, a la inversa que los participantes: 15.000 en la primera, 8.000 en la segunda y 5.000 en la que ha dado la bienvenida a este 2025 desde el aeropuerto de Ciudad Real. Duración y asistentes aparte, el balance año tras año es el mismo: una rave ilegal que se extiende cuanto quiere, esquiva la legislación y evita el desalojo y las multas. Una macrofiesta que reivindica una forma de vida alternativa y sortea al sistema en su cita anual.
En ninguna de las tres ediciones de la Big Fucking Party se ha barajado como una opción real echar a los asistentes. "Podría provocar un problema mayor", justifican ahora desde la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, mismo argumento al que se apeló en años anteriores: "Al desalojar, con las personas que hay y bajo los efectos que están, se asumiría un riesgo bastante importante", sostuvo la alcaldesa de Fuente Álamo en su día. Los participantes llevan razón: "Si somos muchos y estamos juntos, no pueden pararlo", decían a este diario el pasado jueves. Hasta 170 agentes de Policía y Guardia Civil rodean el terreno aledaño al aeropuerto manchego en el que se desarrolla la rave, pero el dispositivo es fundamentalmente disuasorio.
Que esta macrofiesta ilegal se pueda alargar casi una semana sin que la sociedad monte en cólera es también parte del éxito de sus promotores. Al elegir recintos alejados de núcleos poblacionales, donde la música y el ruido no molestan, evitan una revuelta vecinal. Al contrario, incluso reciben buenas palabras desde las localidades más próximas. Entre los 1.100 habitantes de La Peza hubo quien se sumó a la celebración y varios pidieron que la rave se celebrara en su pueblo cada año. Vendedores y hosteleros de las pedanías de Fuente Álamo reconocieron que la fiesta reportó beneficios a sus negocios y en Ciudad Real sólo han levantado la voz activistas de la protección de las aves esteparias, como Rafael Ubaldo Gosálvez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Desde el ámbito político, sólo se significó Ricardo Chamorro (Vox), teniente de alcalde de la capital -la fiesta no era en su término municipal-, que pidió un desalojo que, este año, tampoco llegó.
El balance de esta rave de Año Nuevo suele ser de varios detenidos -cuatro en esta ocasión- y decenas de sanciones por consumo de drogas. Las multas, dicen los participantes, al final nunca llegan.