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La proposición de ley orgánica para otorgar a Cataluña las competencias en inmigración ha sido negociada por el Gobierno, el PSOE y Junts. La Generalitat, como aquel Gobierno vasco de Patxi López que vio cómo Zapatero acordaba con el PNV el blindaje foral, ha sido un convidado de piedra. Se hará uso del artículo 150.2 de la Constitución para ceder a la Generalitat «la ejecución de la normativa» en la materia. En verdad, eludiendo el término «transferencia» la proposición intenta hacer creer que no habrá ninguna facultad legislativa en manos de la Generalitat en inmigración, pero cuando uno va a las condiciones generales de la delegación (art. 12) se encuentra con la sorpresa: se reconoce como «facultad accesoria la potestad normativa de desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación». Habrá leyes de inmigración en Cataluña.
Se hablará mucho también en los próximos días sobre si la inmigración es una facultad del Estado delegable teniendo en cuenta su propia «naturaleza», tal y como establece el propio art. 150.2 CE. La proposición quiere salvar ese escollo, precisamente, evitando en apariencia la transferencia de cualquier función legislativa. Pero las potestades adquiridas por Junts para la Generalitat son extraordinarias: la ejecución de permisos de estancias para estudiar y de residencias temporales y de larga duración, el establecimiento de cupos de trabajadores para las contrataciones en origen, la aplicación del régimen sancionador, la gestión integral de los centros de internamiento y la seguridad de puertos y aeropuertos. Es normal que el comunicado del PSOE hable de «modelo propio» y «política integral» migratoria para Cataluña.
El art. 149.1.2 CE atribuye al Estado en régimen de exclusividad la competencia en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». La contundencia del lenguaje de la disposición -sin excepciones en favor de las autonomías- y su conexión con la soberanía del Estado -lo que incluye el cumplimiento de obligaciones internacionales con respecto a la UE- indican que la inmigración forma parte de las competencias absolutas que no pueden ser ni delegadas ni transferidas a las comunidades autónomas. El legislador orgánico no puede deconstruir los elementos que definen al Estado desde la perspectiva de la soberanía.
En referencia a la inmigración, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Estatut (31/2010), señaló que el art. 149.1.2 CE no era un título horizontal que pudiera neutralizar otros títulos competenciales de las comunidades, como era el caso de la educación, la asistencia social o la vivienda. Ahora bien, también resaltó que la primera acogida de las personas inmigrantes se encuadraría en actuaciones sociosanitarias y de orientación autonómicas que podían verse seriamente limitadas por la competencia exclusiva del Estado. ¿Qué dirá el Alto Tribunal cuando tenga que enjuiciar la ley orgánica de delegación? Es una pregunta retórica, ya lo saben.
Pero más allá de aspectos técnicos, llama la atención -por su carga política- el lamentable preámbulo de la ley acordada por Junts y PSOE, donde se llega a hablar de «Cortes españolas» en alusión velada a las Cortes franquistas. Goles por todos los lados.
El Gobierno y su mayoría llevan años impidiendo cualquier debate migratorio, tachando de extrema derecha a todo aquel que ponía en cuestión la llegada masiva de extranjeros para impulsar la economía. Pues bien, la ley de delegación parece pensada para convencer a los catalanes de que no voten al partido de Sílvia Orriols, pues su presupuesto ideológico es conseguir una inmigración «regular, ordenada y segura» que evite «riesgos para la convivencia y la cohesión social». Para ello, se hace hincapié no solo en los derechos asistenciales de los inmigrantes que llegan sino en unos «deberes claros» que garanticen el «respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad» (la catalana, se entiende). Ahora habrá que ver si el Gobierno y su mayoría progresista hacen lo mismo para convencer al resto de españoles de que no voten a Vox.