Hay hemeroteca abundante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticando que haya comunidades autónomas que bajen impuestos y, a la vez, pidan más dinero al Estado. Particularmente elocuente fue la intervención de Montero en el Senado el pasado 4 de septiembre que llevaba escrita: «Esto de entrar a una carrera fiscal a la baja para luego pedir más dinero al Gobierno de España porque no les llega con la recaudación, se llama populismo fiscal y deslealtad institucional».
¿Acusará de eso la ministra al Partit del Socialistes de Catalunya (PSC)? Su líder, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tiene previsto aprobar este martes un rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para intentar acercarse a los niveles de otras comunidades, particularmente las del PP. Lo hace tras haber arrancado a Montero una quita de la deuda autonómica de más de 17.000 millones de euros y mientras reclama a la ministra una «financiación singular», porque asegura que Cataluña necesita más recursos para poder gestionar servicios públicos.
La consellera de Hacienda de la Generalitat, Alicia Romero, ha recalcado que la rebaja fiscal será para rentas inferiores a 33.000 euros anuales, pero sin subir el de las rentas más altas para compensar. Por tanto, el concepto es el mismo que maldice teóricamente Montero: entrar en la carrera de bajar el IRPF de otras CCAA sin retirar al tiempo el cazo de peticiones al Estado.
El PSC no incluía esta rebaja en su programa electoral de los comicios del pasado año, sino que, por el contrario, defendía «erradicar el dumping fiscal». Ha sido Esquerra Republicana la que ha arrancado este recorte al PSC, según su secretaria general, Elisenda Alamany.
La medida es bien acogida por la oposición, porque Cataluña viene destacando desde hace años por su dureza fiscal general y con las rentas medias y bajas en particular. Según el Panorama Fiscal autonómico y foral del Consejo General de Economistas, sólo Cataluña ha venido manteniendo un tipo mínimo del IRPF -el que sufren las rentas más bajas- del 10,5% cuando la mayoría se mueven en el 9% y la Comunidad de Madrid, en el 8,5%.
Illa intenta así acercarse, aunque aún no lo logra, a la fiscalidad en estos tramos de gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso. Según el citado informe nadie que gane 30.000 euros paga más por IRPF que en Cataluña, superando los 5.000 euros cuando si viviera en Madrid pagaría cerca de 500 euros menos.
Romero también anunció más bonificación fiscal por el alquiler de primera vivienda. El tope deducible pasará de 300 a 500 euros.
La cuestión es por qué la Generalitat ve margen para reducir impuestos ahora. No es porque haya conseguido más eficiencia en el gasto o recortado de otras partidas -al contrario, anuncia 2.100 millones más-, sino que coincide con que cuenta ya con el compromiso de la mencionada quita de deuda que le ahorra intereses. Además, se perfila una mayoría parlamentaria -Junts y ERC apoyarían en esto a Sánchez- para que se otorgue a la Generalitat el llamado cupo catalán que aumentaría considerablemente su financiación, si bien, según servicios de estudios como el de Fedea, a costa de comunidades menos prósperas.
El contrapunto a todo esto es que el PSC ha pactado al tiempo con los Comunes una subida de la tasa turística y duplicar el impuesto que grava la compra de inmuebles a los grandes tenedores. Por estos acuerdos, Romero desveló que la Generalitat espera obtener 219 millones, que no cumbre, pero palía la pérdida por la rebaja fiscal.
El Instituto de Estudios Fiscales, vinculado a CEOE, niega que bajar impuestos recorte la recaudación a medio plazo y pone como ejemplo que la Comunidad de Madrid es la mayor máquina de recaudar de España y la que más termina aportando por eso a la caja común.
Illa ha pedido por cierto este mes que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) preste a la Generalitat otros 8.500 millones en 2025.
La política de la UE -y se aprovecha de ello la propia Montero- no es condicionar los fondos a que se bajen impuestos, sino a que el resultado de ingresos y gastos sean unas cuentas saneadas. Llegar a ello con quitas y privilegios si que no está en el código europeo.