Conde-Pumpido, el más listo y mandón de la clase

Al presidente del Tribunal Constitucional, el jurista más listo y profundo que ha conocido nuestro país, le han crecido los enanos. Unos desconocidos magistrados de la Audiencia de Sevilla, los encargados de redactar y firmar la Sentencia absolutoria de los políticos inculpados por los ERE por orden del mismo TC, han pensado que quizás, sólo quizás, la sentencia absolutoria que tienen que redactar infringe principios y normas del Derecho Europeo. Y por ello, tal como señala la legislación y jurisprudencia, han iniciado los trámites para elevar una consulta previa al Tribunal Europeo acerca de la compatibilidad de la sentencia que deben dictar con el Derecho Europeo.

¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Por ahí no paso! ¡La fuerza de obligar de las decisiones del Tribunal Constitucional no puede ser cuestionada por sus obligados sevillanos con el subterfugio de consultar a Europa! ¡En este país y en este sistema nadie puede desobedecer al Constitucional ni dilatar el cumplimiento instantáneo de sus decisiones! ¡Esos magistradillos se van a enterar!

Todo esto parece que es lo que se escucha en Madrid en la sede de la corte de garantías, cuyos letrados están afilando sus lanzas para cortar de raíz lo que ven como un inédito conato de insubordinación de la justicia ordinaria. El más listo de la clase, el presidente Conde-Pumpido, dice que estamos ante una encrucijada histórica. Si al Tribunal Constitucional se le puede arrastrar ante el Tribunal Europeo, entonces ¿quién manda aquí? Ni que decir tiene que la rabieta del presidente no tiene razón de ser. Pues, ¡claro que las decisiones de un Tribunal Constitucional nacional pueden ser chequeadas por el Tribunal Europeo! Eso ha pasado y pasará, porque el Derecho Europeo está por encima del nacional, sencillamente. Y ¡claro que un tribunal de instancia que debe redactar y firmar una sentencia, por mucho que lo haga obligado por la previa del TC, puede elevar al Tribunal de la Unión las dudas que le suscite! Ese es un derecho que no crea y regula la ley española, sino la europea, que por eso no está al alcance de nuestro airado presidente ni del Parlamento mismo.

Porque si lo estuviera, si fuera el Derecho nacional el que regulase las cuestiones prejudiciales europeas, entonces, ¡ay de los sevillanos! Cándido Conde-Pumpido y sus seguidores en el Tribunal han conseguido interpretar las leyes, incluso la ley de leyes, de manera peculiar y siempre, pero siempre, autoritaria.

Véase si no la reciente Sentencia del Tribunal de 6/12/2024 núm. 136 que ha establecido como principio algo que cualquier gobierno autoritario aplaudiría: nada menos que la doctrina de que el Gobierno, mediante Ley de cualquier categoría, o mediante la declaración del «estado de alarma» puede dejar sin efecto todos los derechos fundamentales de los ciudadanos enumerados en el art. 55 (movimiento, detención, inviolabilidad de domicilio, expresión, reunión o huelga, por citar algunos) y sin necesidad de declarar el estado de excepción o de sitio. ¿En serio? Pues sí, basta para poder hacerlo que la norma que deje sin efecto los derechos no incluya el término «suspensión», porque entonces serían necesarios los estados de excepción. Pero si la noma se limita a restringirlos, acotarlos, limitarlos o ponerles ámbitos de afección, o cualquier otra cosa que se les ocurra, siempre que no diga «suspensión», entonces vale si deja algo del derecho, aunque sea sus raspas. Conde-Pumpido ha conseguido por fin invertir y derogar la famosa sentencia de 2021 que declaró nulo el confinamiento. Ahora sería plenamente constitucional.

Y, ¿por qué?, ¿en qué se apoya el listo y mandón? Pues en algo tan simple como «la realidad de los tiempos que corren», realidad compleja de la que se deduce (¡del ser un deber ser!) que los gobiernos deben tener a su disposición sin cortapisas las medidas que lo que llama salus publica (bien común) exigen. La realidad manda, no un conjunto de conceptos pensados por unos juristas de la escuela de Ihering. En su argumentación resuena, cómo no, el eco de Schmitt: para salvar la sociedad, vale todo.

Y ¿quién decide lo que es y precisa la «salvación nacional»? ¿Cómo controlamos que no se haga un uso abusivo o torticero de un concepto tan vago? Bueno, la respuesta es evidente salvo para los tontos: en Conde-Pumpido. ¿Y cuándo no esté? Pues largo lo habéis fiado.