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Que Carlos Mazón viva las que posiblemente son sus horas más bajas no impide que la bronca se haya instalado en la izquierda. PSOE y Compromís han evidenciado esta semana que dan por rota la unidad de acción en su oposición al presidente de la Generalitat. Justamente cuando mayor es la presión para que el PP fuerce la salida de su barón tras el auto judicial que tumba su relato político de lo que sucedió el día de la dana.
La decisión de la líder de los socialistas valencianos, la también ministra Diana Morant, de renunciar finalmente a presentar una moción de censura contra Mazón ha provocado estupor en Compromís. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, ha tildado de "pensamiento mágico" la creencia socialista de que Mazón apretará el botón del adelanto electoral, cuando lo que está demostrando es su voluntad de resistir.
Para Compromís, la estrategia del PSPV-PSOE de pedir la convocatoria de elecciones anticipadas es "totalmente errónea", en la medida en que se fía la salida de Mazón a su propia voluntad. En la coalición nacionalista se cree que Morant esquiva la moción de censura porque, al no ser diputada en las Cortes Valencianas, no podría presentarse como candidata alternativa a Mazón. Los socialistas argumentan que no salen los números para que triunfe una moción de censura (se necesitaría a Vox, que ya lo ha descartado), lo que daría encima un balón de oxígeno a Mazón.
Tras el rifirrafe a cuenta de la moción de censura que Compromís llevaba tiempo pidiendo, el partido de Joan Baldoví ha decidido pasar a la acción y marcar distancias con el propio PSOE. Compromís presentó ayer una proposición no de ley de urgencia en las Cortes Valencianas para reclamar al Gobierno de España la creación de una partida extraordinaria para la reconstrucción.
"La iniciativa pone de manifiesto la necesidad de que esa partida sea en forma de transferencias directas a la Generalitat Valenciana, garantizando que no se computan como deuda", explicaron fuentes de Compromís. Es decir, exactamente la misma petición que lleva realizando con insistencia el Gobierno valenciano frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que de momento hace oídos sordos.