Cada día laborable del pasado mes de enero se esfumaron 11.530 puestos de trabajo en España. En total, la Seguridad Social perdió 242.148 afiliados, máximo en esta época del año desde 2020. Una desaceleración que llega en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, aprobada ayer mismo en Consejo de Ministros, y en la antesala de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), medidas que amenazan la creación de empleo porque afectan directamente a los costes empresariales, según advierten las patronales.
Con la finalización de los contratos vinculados a la campaña navideña, no sólo se destruyeron decenas de miles de empleos todas las semanas, sino que el paro subió en 38.725 personas al cabo del mes, una cantidad inferior a la registrada otros años pero que pone de manifiesto el persistente impacto de los efectos estacionales sobre el mercado laboral.
Prueba de esta marcada estacionalidad es el repunte de 44.595 desempleados en el sector servicios, cifra que se come toda la subida del paro en enero, ya que el descenso registrado en otras actividades, como la construcción, resultó insuficiente para compensarlo. En paralelo, el comercio y la hostelería destruyeron casi 96.000 empleos, con 48.363 y 47.630 afiliados menos, respectivamente.
Aun así, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró ayer que la estacionalidad del mercado laboral «se está atenuando» y valoró la evolución mensual del desempleo como «positiva». Mientras, su homólogo de Seguridad Social, Borja Suárez, puso el foco en los datos desestacionalizados, que limpian las estadísticas de los efectos del calendario y que reflejan un mejor desempeño de la afiliación en enero, con un incremento de 35.578 cotizantes.
Con estos datos sobre la mesa, los empresarios cargaron ayer contra la política económica del Gobierno. Coincidiendo con la aprobación de la jornada laboral de 37,5 horas en Consejo de Ministros, CEOE advirtió de «signos de fragilidad y cierta atonía del dinamismo empresarial», en un entorno en el que «los empresarios se tienen que enfrentar a desafíos como el aumento de los costes laborales, fiscales y financieros, la inseguridad jurídica provocada por los constantes cambios legislativos y las incertidumbres generadas por los anuncios de nuevas medidas para el resto de legislatura». Cepyme, por su parte, aseguró que «la ralentización del mercado laboral desaconseja una nueva subida acumulativa del SMI y el aumento de costes laborales que implica la imposición de una reducción de la jornada laboral sin ajustar correlativamente los salarios».
La respuesta la obtenían en boca de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tras lograr aprobar en el seno del Gobierno su medida estrella para esta legislatura, señalaba que sectores como la hostelería, uno de los más afectados por la reducción del tiempo de trabajo, están ganando hoy en día 5.877 millones de euros más que antes de la pandemia. Y justificaba así la necesidad de reducir la jornada para «redistribuir la productividad» y «democratizar los beneficios», acusando a las empresas de ser las responsables de que persistan «diferenciales negativos» en relación a las variables de productividad en España.
En defensa de su medida, Díaz aseguró que va a beneficiar a 12 millones de personas y va a servir no sólo para «vivir mejor y trabajar menos», sino también «para ser más productivos y eficientes económicamente». Una vez superadas las diferencias con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ambos defendieron ayer al unísono el «avance en derechos», coincidiendo con un contexto de mejora de las previsiones económicas y de creación de empleo para los próximos años. Si bien dejaron la puerta abierta a modificaciones durante la tramitación parlamentaria de la norma para lograr el apoyo de los grupos. Y aquí no se descarta el despliegue de un plan de ayudas a las pymes o incluso la flexibilización de los plazos para la entrada en vigor de las 37,5 horas.
Ante este incierto escenario, y a la vista de los datos de empleo, los expertos se muestran prudentes en sus valoraciones. Ana Escribá, doctora en derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y directora del Grado en Derecho de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), señala que, aunque habrá que esperar a que la medida se implemente, los empresarios ya han advertido de que la reducción de la jornada conllevará «un incremento de los costes» y por ello «consideran que puede resultar perjudicial». Con todo, apunta que «será necesario esperar algunos meses para evaluar con precisión el equilibrio entre los costes y beneficios que las empresas estén dispuestas a asumir y, en consecuencia, determinar si esta medida podría generar una ralentización en la contratación».
Por su parte, Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, constata que, pese al frenazo de la afiliación, el empleo todavía refleja un comportamiento «vigoroso». Pero se muestra sorprendido de que, «tras cuatro años de intenso crecimiento del PIB posterior al Covid, la tasa de paro se sitúe aún en el 10,8%, muy lejos del objetivo del pleno empleo y muy por encima del nivel mínimo previo a la crisis financiera (7,9%)». Apunta que «es preciso desplegar todas las potenciales de la digitalización en la gestión de las políticas activas de empleo para incorporar al mercado laboral a muchos trabajadores que siguen buscando un empleo y facilitar candidatos a miles de empresas que necesitan cubrir sus vacantes». «Urge una ambiciosa agenda de reformas que impulse la productividad», concluye.