Donald Trump ha vuelto a mover sus sus famosas cartas en el juego de tronos del petróleo, de forma tan contundente como contradictoria: Washington impondrá aranceles del 25% a todos los países que compren petróleo o gas a Venezuela desde primeros de abril. De forma simultánea, pero en sentido contrario, su Gobierno ha decidido facilitar dos meses más, hasta finales de mayo, para que la estadounidense Chevron liquide todas sus operaciones en el país caribeño.
Para aumentar más el desconcierto por estos anuncios de ida y vuelta, y en paralelo a ellos, un avión de la estatal venezolana Conviasa aterrizó en la madrugada de este lunes en Caracas, previa escala en Honduras, con 199 criollos deportados desde Estados Unidos, tal y como contemplaban los primeros acuerdos entre Nicolás Maduro y Richard Grenell, enviado especial de Trump.
No hay que olvidar que la principal justificación de Washington para esta política dura en materia energética, más allá del fraude electoral del año pasado, es la ralentización de los vuelos de deportados, con sólo cuatro desde que comenzara la cruzada gubernamental antimigrantes el 20 de enero.
Una vez más, el Tren de Aragua (TdA), banda carcelaria que se extendió por el continente en connivencia con el chavismo, sirvió para el relato presidencial, pese a que sus tentáculos son muy cortos en el país norteamericano, en comparación con el resto de la región. "Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela, que ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país", aseguró Trump, respondido a su vez por el ministro Diosdado Cabello, quien negó que los deportados pertenezcan al TdA.
Los expertos consideran que la última amenaza arancelaria de Trump tiene un difícil aterrizaje real. Un ejemplo: si Repsol, una empresa privada, comerciara con petróleo venezolano, Washington impondría esos aranceles del 25% a España. "Esta política asume que los gobiernos pueden prohibir legalmente a sus empresas comprar petróleo venezolano, pero eso no pasará. También hay ambigüedad legal: ¿El arancel se aplicaría a empresas ubicadas en España? ¿A empresas propiedad de españoles? ¿Y si Repsol emplea una empresa pantalla en Panamá para importar petróleo, le pondría EEUU el 25% de arancel a España, Panamá o ambos?", explica el experto Francisco Rodríguez.
Desde que Estados Unidos sancionara a la revolución bolivariana en 2019 durante el pulso con el presidente encargado, Juan Guaidó, fueron los Gobiernos de Rusia, China e Irán quienes más ayudaron a que el petróleo y otras riquezas venezolanos se vendieran en mercados paralelos gracias incluso al contrabando.
"Los lobistas intentaron, y siguen intentando, acercar amistosamente a Trump con Maduro, pero han fracasado rotundamente. Creyeron avanzar cuando [el enviado especial] Richard Grenell fue a Venezuela, pero no: se impone el secretario de Estado, Marco Rubio. La política de máxima presión llegó con una versión todavía más fuerte que en 2019, con todo lo positivo que eso puede significar y con todo lo negativo que va dejando. Con los ingresos legales tan golpeados y los ingresos ilegales, el sistema chavista, ya fracturado desde el 28-J, puede tambalearse más", resume el analista político Walter Molna Galdi.
"Muy posiblemente se trate de una victoria de Rubio, pero también el impacto de las políticas migratorias ha sido brutal en Miami. Lo que parece es que Trump no quiere a nadie, fuera de empresas americanas, en negocios petroleros con Venezuela. Hay que esperar los detalles, no está claro cuál sería el marco legal", apunta para EL MUNDO María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en Florida.