"ï¿œSe imagina que a jï¿œvenes espaï¿œoles a los que la crisis ha obligado a emigrar a a otros paï¿œses, en busca de una oportunidad laboral, los detuvieran al llegar, los encerraran durante semanas, los maltrataran y los deportaran a la fuerza?

Para miles de inmigrantes, ese es el destino el final de su viaje hacia una vida mejor en Europa. Una estancia de entre 40 y 18 meses en uno de los 280 Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en la Uniï¿œn Europea, nueve de ellos en Espaï¿œa. Carecer de permiso de residencia o tener una orden de expulsiï¿œn no ejecutada convierten a cualquier extranjero en 'carne de CIE'. Cada aï¿œo, 600.000 personas, incluidos niï¿œos, pasan por esta 'cï¿œrceles para personas en situaciï¿œn irregular, que comenzaron a funcionar en 1980.

El informe 'Fronteras asesinas' sobre los CIE europeos de la Red de Migraciones Europea Migreurop es un descarnado relato de testimonios sobre los abusos perpetrados contra los internos, muchas veces impunes. Desde Austria a Grecia, pasando por Francia o Reino Unido, los miembros de Migreurop han visitado numerosos centros de acogida. Independientemente del nivel de desarrollo del paï¿œs, en todos ellos hay denominadores comunes: vulneraciï¿œn de los derechos humanos y falta de transparencia.

"Nos metieron en una sala muy pequeￜa para 22 personas, sin ventilaciￜn. Habￜa aseos y la ￜnica manera de tener aire era abrir la ventana de esos aseos, pero olￜa mal. Estuvimos allￜ un mes y luego nos trasladaron a otro lugar. Habￜa dos habitaciones para 85 personas y la gente se pegaba por la comida porque no habￜa para todos. En una de estas peleas me hirieron. Nos trataron como animales", denuncia un interno en la gendarmerￜa de Esmirna (Grecia).

En el punto de mira

En Espaￜa, los CIE dependen del Ministerio del Interior y estￜn bajo gestiￜn policial. En 2011 13.241 ingresaron en ellos por orden judicial. A la privaciￜn de libertad, se aￜade la falta de atenciￜn mￜdica permanente y de derivaciￜn sistemￜtica a hospitales. Estas carencias han provocado numerosas denuncias por parte de organizaciones civiles, tras el fallecimiento este mismo aￜo de un interno en el CIE de la Zona Franca de Barcelona por 'muerte subita', cuando ya no habￜa mￜdicos, y de una congoleￜa en el CIE de Aluche (Madrid) por meningitis, cuya gravedad no se detectￜ a tiempo.

Sin embargo, tanto los jueces designados para el CIE de la Zona Franca, que realizaron su primer control en marzo, como la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que estuvo en el CIE madrileï¿œo recientemente, han avalado el funcionamiento de estos centros. En Barcelona, los jueces valoraron la "limpieza del recinto, sus servicios de enfermerï¿œa, el papel de la direcciï¿œn y de la policï¿œa, y su cocina".

En Madrid, Cifuentes seￜalￜ que hay un porcentaje de internos "muy alto" con antecedentes penales y policiales y "tiene que haber ciertas medidas de seguridad". Pero aￜadiￜ que el hecho de que no sean centros penitenciarios "hace que se puedan eludir", como ocurriￜ en Aluche.

La huida de un interno de este CIE el pasado dï¿œa 10 puso de nuevo en el candelero a estos 'limbos legales', objeto de denuncias de maltrato por parte de diversos colectivos, incluida la Oficina del el Defensor del Pueblo y la Uniï¿œn Progresista de Fiscales.

La propia Defensora del Pueblo, Marï¿œa Luisa Cava de Llano, ha criticado la "sobreocupaciï¿œn" de estos centros, -pese a, segï¿œn Interior, sï¿œlo estï¿œn al 67% de su capacidad- porque "empeora las carencias y deficiencias estructurales de algunos de ellos". Ademï¿œs, critica la "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial, en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos".

Por su parte, el Ministerio del Interior, en una respuesta parlamentaria a la diputada del BNG, Olaia Fernￜndez, el mes pasado, asegurￜ que desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjerￜa existe la figura del Juzgado de Control de Garantￜas, "que vela porque se respeten los derechos de los internos" y que actualmente estos funcionan "con total transparencia".

Sin embargo, el acceso a los CIE sigue siendo muy restringido, aunque algunas ONG han logrado visitarlos. La Comisiï¿œn Espaï¿œola de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha sido una de ellas en 2009, y su informe posterior recoge testimonios de los internos "que no dejan lugar a dudas" sobre el maltrato que reciben.

"Un chico estaba leyendo el Corￜn. Los de la habitaciￜn contigua le gritaron, llegaron policￜas y entraron en la habitaciￜn de los argelinos. Les pegaron de una manera salvaje. Por la maￜana, uno de ellos tenￜa la pierna izquierda que era una hematoma", denuncia un marroquￜ del CIE de Valencia en el informe. Y aￜade: "El mￜdico no quiere saber nada. Te receta un paracetamol y te larga"-.

Opacidad y secretismo

En Suecia o Reino Unido, la policￜa controla estos centros, pero estￜn gestionados por empresas privadas y ONG. Permiten la asistencia social, el acceso de familiares y abogados, con restricciones, y el trato a los internos es mￜs humano. En Francia cuentan con asistencia tￜcnica y jurￜdica permanente y se elaboran informes anuales de funcionamiento. Segￜn la vicepresidenta de la asociaciￜn Alternativas Europeas de Barcelona, Mara Gabrielli, "aￜn asￜ no se garantizan sus derechos". Y pone como ejemplo a Italia, algunos de cuyos centros, con presencia de Cￜritas y Cruz Roja, "sufren graves carencias y hacinamiento".

En los paï¿œses nï¿œrdicos, hay menos 'sin papeles', pero mï¿œs peticiones de asilo. "Europa ha intentado imponer condiciones comunes de acceso mediante la directiva de retorno de 2008, lo que ha provocado que paï¿œses que tenï¿œan mejores condiciones, las hayan rebajado", explica Gabrielli.

Ante esta opacidad de los centros de internamiento, que deriva en mï¿œltiples violaciones de derechos, Alternativas Europeas y Migreurop han lanzado una campaï¿œa, Open Access que reclama el derecho de la libertad de informaciï¿œn de los ciudadanos europeos y el acceso de medios de comunicaciï¿œn y sociedad civil. Su finalidad, dar a conocer la verdadera realidad de estos lugares y fortalecer las redes de lucha en toda Europa.

"Queremos que mejoren las condiciones de los internos, pero no legitimamos la existencia de estos centros. -remarca Mara Gabrielli-. Nuestro objetivo es que desaparezcan".