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El Gobierno asume ya que no presentará el proyecto para la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) a no ser que tenga asegurados previamente los apoyos parlamentarios para su aprobación. "Si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos", ha justificado este martes la portavoz, Pilar Alegría, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
De esta forma, la cuota socialista en la coalición se desentiende de la advertencia del socio minoritario, Sumar, de que el Ejecutivo tiene "la obligación" de iniciar el trámite en la Cámara Baja y de "intentar sacarlos adelante". En una entrevista este lunes por la noche en TVE, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había afirmado que en política "no hay nada imposible" y que no hay que "rendirse".
En La Moncloa aseguran que están trabajando "en esa dirección y en ese objetivo desde el primer momento" y que continúan "dialogando y debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias" para tratar de llegar a un acuerdo "lo antes posible". "No vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a seguir sudando la camiseta (...). Pero, a la vez, lógicamente, nos parece importante que para llevar estos Presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos", ha argumentado Alegría dando a entender que sólo lo harán si se aseguran previamente que no están abocados a una derrota.
A la pregunta de si se está incumpliendo la Constitución por no presentar el proyecto de ley para la aprobación de unas nuevas cuentas, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha limitado a responder que la propia Carta Magna "también regula qué sucede cuando no hay unos Presupuestos aprobados para ese ejercicio" y "cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo". Asimismo, destaca que los que están en vigor son "extraordinariamente positivos de manera objetiva" porque "están consiguiendo que España crezca multiplicando por cuatro el crecimiento económico de la Unión Europea".
Para tratar de quitar importancia al calado político que tendría ni presentar para su votación la norma más importante para un Ejecutivo, en La Moncloa también recalcan que desde el inicio de la legislatura, a pesar de "esta dificultad parlamentaria", han aprobado 28 leyes. E insisten en que las cuentas actualmente prorrogadas -están en vigor las de 2023- fueron elaboradas por "este Gobierno", aunque desde entonces ha cambiado el socio minoritario que lo sostiene -ya no es Unidas Podemos, sino Sumar- y la composición del Congreso.
"Si ustedes echan un vistazo al resto de panorama autonómico, ha habido gobiernos autonómicos como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León que en seis años de gobierno han aprobado tres ejercicios presupuestarios", ha apuntado Alegría. "Nosotros, durante la legislatura anterior, hemos podido sacar adelante los Presupuestos y ahora vamos a seguir en esa misma línea", ha agregado.
Madrid, ante el TC
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la modificación legislativa aprobada en el Parlamento madrileño para no declarar la Real Casa de Correos, sede actual del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, como lugar de memoria democrática identificando el edificio como el lugar de torturas que fue durante el periodo de la Dictadura cuando albergaba la Dirección General de Seguridad.
En el Gobierno de Pedro Sánchez justifican esta medida después de que la institución autonómica en manos del PP "declinara la invitación al diálogo que se planteó por el Ministerio de Política Territorial para resolver las discrepancias sobre este asunto".